A falta de lo que aparentemente son solo unos flecos, se podría decir que la huelga general de la sanidad aragonesa, prevista para este jueves, está a un paso de desconvocarse, pero Cemsatse, el sindicato convocante, prefiere ser por el momento más "cauto" que "optimista". Este miércoles las partes volverán a sentarse a primera hora tras el acercamiento de posturas de ayer, pero la negociación sigue minada de advertencias por parte de los representantes sindicales. Están en su papel.

"Hemos avanzado bastante, hemos acercado las posturas y esperamos que mañana (por hoy miércoles) a las nueve podamos rematar el trabajo que hemos estado haciendo". Son palabras del gerente del Servicio Aragonés de Salud (Salud), Javier Marión, minutos después de concluir el encuentro con los representantes sindicales, ayer por la mañana.

"Tenemos mucho que analizar todavía. Nosotros no somos tan optimistas. Preferimos ser más cautos. Han sido años muy duros y tenemos que estudiar bien cada paso que demos y cada cosa que digamos". Estas, por otra parte, son palabras de Merche Ortín, portavoz de Cemsatse, al filo de las siete y media de la tarde. "Estamos reunidos ahora y no sabemos cuándo acabaremos. Solo sé que aquí nos escuchamos todos y que habrá votación. Ahora mismo no sé qué puede ocurrir. Mañana (por hoy) daremos nuestra solución".

Pase lo que pase, Ortín quiso dejar claro un mensaje: "Desconvoquemos la huelga o sigamos adelante, que quede clara nuestra crítica y nuestra decepción por la gestión del Gobierno de Lambán con la sanidad". Ortín, eso sí, admitió que las posturas están "algo más cercanas" ahora que hace unos días. De hecho, la semana pasada ambas partes se levantaron de la mesa de negociación sin haber encontrado puntos en común. Según Cemsatse, «no hubo voluntad» por parte del Salud de negociar.

El pasado marzo, Cemsatse, integrado por los colectivos de médicos Cesm Aragón y Fasamet, y de enfermería Satse, convocó una huelga general para el 11 de abril a pesar del fracaso de los paros sanitarios de los meses anteriores, que apenas registraron seguimientos. La convocatoria, dirigida a los 20.000 empleados del Salud, se llevó a cabo en plena campaña sindical de los colectivos, ya que había elecciones el 28 de marzo. En las mismas, Cemsatse volvió a ser el sindicato claramente vencedor, con casi el 35% de los votos y un 12% más de representantes, al pasar de 59 a 66. Cemsatse tuvo un respaldo mayoritario en las tres provincias aragonesas y en casi todas las áreas de Salud.

El sindicato nunca ha negado que sus reivindicaciones tienen un claro contenido económico. «Llevamos casi 12 años sin acuerdos sanitarios para los empleados del Salud. Nos merecemos que se regularice el tema salarial», han repetido días atrás sus responsables. "Que nadie nos haga pasar por peseteros, que eso no es cierto, es injusto", añadió ayer tarde Merche Ortín.

Por la mañana, en su encuentro con los medios, Marión no qiso desvelar en qué puntos se han acercado posturas. «Prefiero mantener la discreción y no desvelar aspectos de una negociación para que no se vaya todo al traste. Quiero ser discreto cuando haya una resolución concreta, explicaremos ese acuerdo», señaló el gerente del Salud, que añadió que lo tratado, en general, «tiene que ver sobre cómo abordar las reivindicaciones» de Cemsatse.

Mientras se resuelve la situación, la huelga sanitaria obviamente sigue en pie y a ella están llamadas los 20.000 trabajadores del Salud en las tres provincias. Entre las medidas de carácter profesional y económico, Cemsatse ha incidido tradicionalmente en la reforma de la carrera profesional (complemento salarial basado en méritos e incentivos que adquieren los profesionales por su actividad y experiencia continuadas), donde quieren que se elimine el nivel O, se reactive el IV y además alcance también al personal interino.

Además, los convocantes de la huelga exigen el abono de las pagas extras en cuantía igual al de las mensualidades ordinarias; el incremento del precio de las horas de guardia, nocturnas y realizadas en festivos, la recuperación de la pérdida del poder adquisitivo de estos años (cifrada la pérdida en un 25%) y la implantación de la jornada laboral de 35 horas.