El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, solo mira al futuro. Sin pedir disculpas ni aceptar derrota o fracaso alguno tras la rectificación que supondrá, el próximo lunes, el regreso de los partidos de la oposición a los consejos de administración de las sociedades municipales, a una toma de decisiones de la que se les expulsó el pasado 9 de febrero. Su argumento es el del «desbloqueo político» de las entidades públicas, que acumulan 12 millones de euros sin poder gastar. Y su objetivo, el de volver a la senda del diálogo con la izquierda, PSOE y CHA, «la próxima semana» para desatascar los múltiples acuerdos pendientes, el primero el de las ordenanzas fiscales y esa rebaja del IBI propuesta que llegaría al 12% en caso de pactarlas. Y el presupuesto, a continuación.
Santisteve, en su primera aparición pública tras convocar el pleno del próximo lunes, que significará el regreso de la proporcionalidad del pleno a la toma de decisiones de las sociedades, ya no hablaba de condiciones. Ni rastro de ese acuerdo político previo que exigió en verano a socialistas y nacionalistas para dar marcha atrás voluntariamente a su decisión del 9 de febrero. Ahora los plazos y el pronunciamiento del Tribunal Constitucional le han encajonado en un callejón sin salida y él apela a los «gestos de buena voluntad» de quienes exigían esa rectificación.
Su regreso se debe a que ha «decidido aceptar la petición de los grupos municipales», dijo, «con vistas a la mejora de la condiciones de vida de los vecinos porque teníamos 12 millones de euros bloqueados». Y echó mano del largo listado de inversiones que no ha podido impulsar en solitario en sus consejos de administración. Ahora son el motivo. Actuaciones que «no dudo que a partir del lunes serán objeto de desbloqueo». Aunque, insistió, «la ciudad se está moviendo y la legislatura se acaba pero se nos queda corta para implementar grandes proyectos de ciudad».
Descarta reconocer que sea un fracaso porque «las medidas adoptadas estaban plenamente justificadas», afirmó. Tampoco fue un error, respondió, porque «fueron adoptadas correctamente y ajustadas a la legalidad». Y «en absoluto» han sido ocho meses perdidos, como le dice la oposición, porque «se ha seguido funcionando» en las sociedades. «Es una decisión política que, más allá de disquisiciones políticas, se adoptaron con legalidad», añadió el alcalde.
YA, NO EN DICIEMBRE
¿Por qué ahora? Porque tocaba otra «decisión política» como la del 9-F, legal y justificada. «Se adopta en un momento en el que todo lo que tiene que ver con la ejecución hay que hacerlo ya, no en diciembre», apostilló.
Pero ahora solo mira hacia adelante, con unos grupos municipales con los que «nunca hemos dejado de hablar», afirmó, y que ahora, en el regreso al diálogo con PSOE y CHA, pretende «tener una posición más activa». «Tendemos la mano y esperamos un gesto de buena voluntad en la ejecución de ese dinero», reiteró.
Pero en absoluto pedirá perdón a los ciudadanos como le exigía anteayer el PSOE. «No podemos pensar la política en cuestiones morales», expuso, y replicó que, en esos mismos términos, también «se podía cuestionar su incomparecencia en los patronatos». «Este bloqueo injusto debe ser levantado», concluyó.
