Mientras se decide qué Administración se hace cargo de las competencias en cuestión por parte de la reforma local, el ayuntamiento se ve obligado a tomar decisiones sobre la continuidad o no de algunos contratos y servicios que hasta ahora está prestando y que podría dejar de hacerlo. El más inmediato, el de la vigilancia de la industria alimentaria que se hace desde Instituto Municipal de Salud Pública. Según establece la ley de bases, este debería pasar a prestarlo la comunidad autónoma y el consistorio tiene claro que, si la DGA no lo aclara, dejará de darlo.
