La Unión de Consumidores de Aragón (UCA) ha propuesto como "necesaria y urgente" la revisión de la normativa autonómica referente a los derechos de los usuarios de los servicios sociales. Es decir, una mejora legal que permita a la Administración prestar un mejor servicio y a los consumidores obtener un mayor nivel de satisfacción y calidad del Sistema de Protección Social. Según la UCA, la Ley de 1987 de Ordenación de la Acción Social de Aragón se ha quedado desfasada ante las nuevas exigencias y necesidades de la sociedad actual.
Como servicios sociales se entienden aquellos recursos --prestados por las distintas administraciones-- cuya finalidad sea favorecer la igualdad de oportunidades de los distintos grupos de población; las atenciones domiciliarias encaminadas a mejorar la convivencia familiar y personal; los alojamientos alternativos ante carencias o limitaciones de dicha convivencia; atenciones específicas a situaciones de desarraigo, o equipamientos y actividades que mejoren la convivencia social.
El estudio presentado por la UCA durante la primera Jornada Nacional de Consumo y Servicios Sociales, celebrada en Zaragoza a finales de octubre, aboga incluso por estudiar la posibilidad de reconocer este derecho como fundamental.
Entre las recomendaciones a incluir en la futura legislación aragonesa, realizadas por un grupo de expertos de diversos ámbitos del Derecho y los Servicios Sociales, destaca la propuesta de regular las garantías de defensa del usuario; establecer un registro de listas de espera baremadas; el derecho de objeción de los profesionales, y determinar los procedimientos para recusar.
También promueven el derecho a evaluar la calidad mediante mecanismos que permitan las sugerencias de los particulares; determinar la naturaleza de las quejas, o potenciar las buenas prácticas y un distintivo de calidad. Crear la figura del profesional de referencia u obligar a la identificación del profesional.
El informe pide regular los derechos y obligaciones en materia de información y documentación; potenciar la Junta de Parientes cuando la persona no sea capaz de decidir por sí misma; la protección de los datos personales o económicos, y, sobre todo, una mejoría en la resolución extrajudicial de los conflictos. Por ello, proponen fórmulas sencillas adheridas al Sistema Arbitral de Consumo, ya que defiende el arbitraje como modelo idóneo para evitar la saturación de los tribunales.
