Concha ha sido la primera beneficiaria del nuevo protocolo de realojo de emergencia de Zaragoza. Vive provisionalmente en una casa pública, con alquiler social, en espera de una solución definitiva. Su caso es paradigmático en cuanto a los requisitos para acogerse al programa. Su vivienda de la calle Terminillo, en Delicias, estaba en riesgo (humedades y filtraciones que amenazaban colapso) y solo cobra el IAI y no tiene red familiar que le acoja a ella y a sus dos hijos, de 9 y 7 años.
En su caso, se mezcla el problema de la usurpación de inmueble (okupación). Donde vivía es, en realidad, un piso del banco (Caixabank), con el que no tenía contrato. Se lo alquiló un hombre del que poco sabe. «Le pagaba un alquiler pero un día vino un señor y me cogió papeles y todo, y resulta que era del banco», asegura.
Alcanzó un acuerdo para pagar un alquiler social, «de 190 euros». Y luego detectaron «fugas de agua y que se han podrido las vigas». El riesgo de derrumbe le sacó de la casa, y ahora le «quieren poner 1.600 euros de multa». Le preocupa ahora el futuro: «Si no hay un alquiler social me iré a la calle con mis hijos», teme.
