Los sindicatos participantes en la mesa sectorial de Educación pidieron ayer la dimisión del Secretario Técnico de Educación de la DGA, Agustín García Inda, recientemente imputado en el caso apartadero de Plaza junto al resto del consejo de administración de la plataforma entre el 2008 y el 2009. Los sindicatos consideraron que debe dar imagen de "transparencia".
El sindicato CGT anunció que se concentrará en la nueva sede de Educación, en la calle Pablo Ruiz Picasso, 65 D --en la Expo--, el próximo martes a las 11.00, para pedir la dimisión de García Inda para reiterar su petición respecto a la consejera Dolores Serrat.
En relación con este caso, el portavoz del Gobierno, Roberto Bermúdez de Castro, insistió ayer en la idea de que el consejero de Hacienda de la DGA Francisco Bono no está imputado en el caso apartadero de Plaza y que no es lo mismo una causa administrativa --por prevaricación-- que una por un desfalco. Bono pertenecía al consejo en la misma época que García Inda, pero al ser aforado, el titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Zaragoza no pudo encartarle junto al resto. Si se le investiga, deberá hacerlo el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
Por otra parte, la representación legal de los hermanos Margalejo, imputados en el caso saqueo --la causa principal de Plaza-- presentó anteayer nueva documentación al Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza, que dirige la investigación por los presuntos sobrecostes de 50 millones de euros en la construcción del complejo. Se trata de facturas de obras que el instructor, el juez José Ignacio Martínez, había solicitado sobre pagos de obras ejecutadas por la empresa Margalejo Campo S. L..
Entre las facturas aportadas destacan dos que incluyen las certificaciones de obras, con las que acreditan que los trabajos fueron efectivamente ejecutados. Van firmadas por José María Jordán, exgerente de la UTE de Plaza e imputado en la causa.
