El Ayuntamiento de Zaragoza tendrá que pagar a FCC Limpieza Viaria alrededor de 50 millones. Son los que calcula la multinacional que le adeuda en concepto de revisión de precios y que ha reclamado por la vía judicial. El Tribunal Supremo zanjó la polémica ayer al inadmitir a trámite los dos recursos pendientes presentados por el consistorio, que se suman a otro que sufrió la misma suerte. Así que ya no hay vuelta atrás porque no hay lugar a recurso, por lo que desde el Gobierno municipal admitieron ayer que tendrán que negociar un plan de pagos con la concesionaria que se encarga de la limpieza de las calles. Será el próximo Gobierno el que encare esta situación.

El Supremo ha resuelto tres recursos en total confirmando lo que ya dijo en su día el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), que las revisiones de la mano de obra no se habían calculado correctamente por parte del consistorio. Las tres sentencias hacían referencia a las revisiones comprendidas entre el 2009 y el 2013, pero FCC ya ha avisado en más de una ocasión que reclamará también las restantes, desde el 2014 hasta el 2019.

En el primer periodo (del 2009 al 2013) el consistorio adeuda a la contrata 23 millones, y en el segundo (hasta el 2019), 19,5. Son 42,5 millones a los que habría que sumar 3,1 millones en intereses de demora (2.421 euros al día) y 596.536 por la reclamación del aval que suman un total de 46,2 millones y que podrían elevarse, según FCC. Las cuantías que reclama varían entre un año y otro. En el 2009 asciende a 181.591 euros, que pasan a los 1,8 millones del 2010; 4,1 del 2011; 5,4 del 2012 (están pagados) y otros 5,4 del 2013 (también pagados), 6 del 2014; 6,2 del 2015; 6,5 del 2016; 7,3 del 2017; 8,5 del 2018 y 1,5 del 2019. Además, el consistorio está condenado a pagar 6.000 euros en costas.

El Gobierno de Zaragoza en Común no es el responsable de este mazazo que le ha caído como un jarro de agua fría y que deja temblando a las arcas municipales. La redacción de los pliegos y la adjudicación del servicio se realizó con el socialista Juan Alberto Belloch al frente de la ciudad.

El problema tiene que ver con la interpretación que cada parte hace de la Ley de Contratos del Sector Público que entró en vigor en el 30 de abril del 2008 y que modificó el modo de calcular las revisiones de precios y la posibilidad de computar la mano de obra en las mismas. Según ZeC, debe aplicarse con carácter retroactivo y, por lo tanto, no se computaría la mano de obra y según FCC la ley tiene excepciones y este caso las cumple. Entre otras cosas, no tiene carácter retroactivo, y el contrato se firmó antes de que entrara en vigor.