La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso - Administrativo del Tribunal Supremo, a través de dos providencias de 28 de marzo de 2019, inadmite sendos recursos interpuestos por el Ayuntamiento de Zaragoza, por falta de fundamentación suficiente, confirmando con ello las sentencias de fecha 25 de junio de 2018 dictadas por la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Aragón con fecha 25 de junio, lo que obliga al Ayuntamiento a revisar la mano de obra del contrato de limpieza viaria y recogida desde el año 2009 hasta la actualidad.

Estas dos providencias se sitúan en la misma línea de la providencia dictada por el mismo órgano a mediados de marzo y confirmarían una deuda del Ayuntamiento con FCC por un importe superior a los 50 millones de euros al aplicar la regularización anual pertinente entre los años 2009 y 2018, así como la correspondiente a 2019. El impago de esta deuda genera unos intereses diarios de cerca de 3.000 euros. Estas resoluciones no admiten recurso.

El origen del conflicto se remonta al 2008, con el Gobierno del socialista Belloch al frente y que se encargó de redactar los pliegos y firmar el contrato con FCC, que fue adjudicado en marzo del 2008 sin una revisión previa de los precios.

La contrata reclamaba en sus revisiones de precios que se tuvieran en cuenta, por un lado, las variaciones de la mano de obra y, por el otro, de las toneladas recogidas. El TSJA falló que FCC no tenía razón en su petición para actualizar el coste de la recogida al considerar que la diferencia no genera ningún perjuicio económico grave a la contrata.

Las tres sentencias del TSJA del pasado 25 de junio y que el consistorio recurrió afectaban a los años comprendidos entre el 2009 y el 2013. En estas revisiones, FCC reclamaba 16,9 millones en concepto de revisión de precios: 811.000 del 2009; 6,1 del periodo 2010-2011; y 10 millones del 2012-2013. Estos diez últimos ya fueron abonados por el Gobierno el año pasado. En junio la contrata calculó que, atendiendo al criterio del TSJA y aplicando la revisión de precios del año 2013 a las auditorías del 2014, 2015, 2016, 2017 y el 2018, podrían reclamar alrededor de 30 millones más al consistorio.