La estafa de las recargas en las tarjetas del transporte público de Zaragoza sigue sumando casos. Con el paso de los días, los 300 usuarios identificados con la tarjeta ciudadana y la Lazo nada más hacerse público en EL PERIÓDICO, se han convertido en más de 3.000. Fuentes consultadas por este diario sostienen que son las que la empresa concesionaria del autobús, Avanza, lleva detectadas. La semana pasada eran 2.000, ahora ya se han incrementado en un 50%. Y a pesar del aumento se refugia, a preguntas de este diario, en que el caso está en manos de la Policía Nacional y en recordar a los usuarios que la comisión de este delito sería tanto por parte de quienes comercializan la aplicación móvil que ha hackeado el sistema como de quienes se prestan a usarlo para obtener crédito en sus tarjetas. Como dice el ayuntamiento.

Sin embargo, tampoco niegan un elemento fundamental en esta investigación: sigue descontrolada. Según ha podido constatar este diario, la publicación de esta estafa masiva solo ha servido para disuadir a quienes tenían ya montada una red estable de recargas de tarjestas de transporte en el campus de San Francisco, el entorno de Universidad y las ramificaciones a otros centros de Secundaria de la ciudad. Y mientras no haya una certeza de que se ha logrado abortar, el número de tarjetas fraudulentas puede seguir creciendo.

CERTIFICACIONES // El ayuntamiento, por su parte, diferencia los dos supuestos como si ambos no tuvieran que ver con un servicio público y, sobre todo, una recaudación que, en su caso, afectará a futuras certificaciones de Avanza. Tanto en el tranvía como en el bus se están dando casos de validaciones de estas tarjetas recargadas de forma ilícita y, los cambios, por ejemplo, en las validadoras del Urbos 3, solo han servido para identificar a los beneficiarios de esta estafa. Una práctica que, al detectarse, se traduce en la anulación automática de la tarjeta. Y, en algunos casos, han llegado a generar problemas en las oficinas de atención al usuario que la contrata tiene en el centro comercial de El Caracol, en el paseo Independencia de la capital aragonesa.

No obstante, la línea de actuación más automática está previsto abrirla con la supresión de la tarjeta anónima que fabrica, controla y cobra Avanza desde hace 14 años en Zaragoza. Tiene que desaparecer pero este escándalo ha estallado en pleno tránsito político y tendrá que ser la próxima corporación la que haga efectiva una eliminación tan drástica. Sobre todo por el importante desembolso que obligaría a hacer a la empresa concesionaria del bus y el tranvía, que en ambos casos es la misma firma. Cada una de estas tarjetas supusieron el cobro de dos euros al usuario, pero es en concepto de fianza y fue ingresada por ella. Para devolverlo, tendiendo en cuenta que hay entre 500.000 y un millón de tarjetas comercializadas en todo este tiempo, el agujero podría suponer unos dos millones de euros. Pero se entiende en el consistorio que se puede abrir un periodo de transición para que los zaragozanos puedan recuperar su dinero.

El objetivo, en este caso, sería que todos los pasajeros tuvieran dos únicas opciones de tarjeta, la propia ciudadana y la Lazo, que el ayuntamiento considera más seguras pese al hackeo sufrido, y además pasar a tener el control absoluto de la venta, fabricación y seguridad de todos los dispositivos puestos en circulación. Y es que consideran que el mayor agujero se ha producido, precisamente, en aquellas tarjetas que solo controla Avanza.

No obstante, se tendrá que revisar con la empresa, ahora sí con más exhaustividad, cada recarga realizada y cada validación contabilizada en las próximas certificaciones. Si no coinciden las validaciones con los ingresos recibidos, será la contrata la que asuma ese desfase. O al menos debería hacerlo.