La Policía Nacional ha imputado a tres comerciantes zaragozanos por falsificar y vender uniformes escolares del grupo de las Hermanas de la Caridad, que gestiona cuatro colegios en la capital. La denuncia de la empresa que tenía contratada en exclusiva su comercialización permitió a los agentes localizar los tres comercios donde se fabricaban y se ponían a disposición del público a precios inferiores a los estipulados.

Las Hermanas de la Caridad habían suscrito un contrato exclusivo con una empresa que se encargaba de fabricar los uniformes para sus cuatro colegios de Zaragoza --La Milagrosa, Carmelitas, Paulas y Santa María Reina-- y comercializarlos a través de dos grandes comercios de la ciudad.

Pero los responsables de la empresa descubrieron que una pequeña tienda, cercana a uno de los colegios --el de San Vicente de Paúl--, estaba vendiendo la ropa, también chándales oficiales, sin permiso y a precios inferiores a los que habían acordado con los distribuidores.

En octubre lo denunciaron ante la Policía, y los agentes del grupo de Delincuencia Económica localizaron no solo a la tienda denunciada, sino a otras dos, en el barrio de Delicias, que fabricaban y vendían al por mayor las prendas a la primera. En los registros correspondientes, la Policía se incautó de gran cantidad de prendas falsificadas.

Fuentes policiales aclararon que los tres comerciantes no han sido detenidos por la presunta comisión de un delito contra la propiedad industrial, solo imputados policialmente.

Según el acuerdo al que llegó el grupo escolar religioso con la empresa denunciante, esta no solo era la única autorizada para fabricar y comercializar los uniformes, sino que también le corresponde "ejercer las gestiones necesarias de acuerdo a la legislación vigente dirigidas a prohibir e impedir la venta de estas prendas en locales no autorizados".

Es decir, será la empresa la que deberá denunciar el caso ante el juez, una vez realizado el trabajo policial, para que este evalúe la responsabilidad de los propietarios de las tiendas. Pese a que el grupo escolar tenga los derechos sobre el diseño industrial y uso del distintivo registrado para la imprimación o bordado de los uniformes.

Si la causa avanza, restará por saber qué beneficio obtuvieron los falsificadores, y el consiguiente perjuicio para los legítimos fabricantes.