El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) cerró el pasado 25 de mayo la última puerta a la que se podía acoger el Ayuntamiento de Zaragoza para aspirar a la ampliación del servicio Bizi a toda la ciudad que acordó en octubre del 2017 con la concesionaria del servicio, Clear Channel. El último auto, que confirma otro de abril, desestimó el recurso del consistorio por el que se pedía suspender la decisión del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) de paralizarla, cuando ya se llevaban instaladas cinco nuevas estaciones, y ahora el TSJA obliga a requerir a la empresa el desmontaje de esas nuevas terminales.

Ayer mismo se dio cuenta en la reunión del Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC), que no informó de que el TSJA había informado de «no haber lugar a la medida cautelar interesada por la representación procesal del Ayuntamiento de Zaragoza, consistente en la suspensión del acuerdo» del TACPA, de noviembre del 2017, y confirmaba así en la justicia ordinaria la nulidad de la modificación del contrato suscrito con la empresa Clear Channel.

Además, se indica que «la declaración de nulidad lleva en todo caso consigo la del mismo contrato, que entrará en fase de liquidación, debiendo restituirse las partes recíprocamente las cosas que hubiesen recibido en virtud del mismo y, si esto no fuese posible, se devolverá su valor». Es decir, añade el texto que se informó ayer en Gobierno, que «en orden a su cumplimiento, se insta a la empresa Clear Channel España para que proceda al desmontaje y retirada de la vía pública de las estaciones instaladas que corresponden a la numeración 131, 135, 137, 138 y 139». Estas corresponden a las terminales ubicadas en rotonda Ciudad de Toulouse con Vía Ibérica, en Vía Ibérica con Stadium Casablanca, en Todo sobre mi madre con paseo de los Olvidados, en La Quimera del Oro, y en Doctor Mabuse con la avenida Casablanca.

Además, destaca que el desmontaje «deberá iniciarse a la mayor brevedad posible y resultar ejecutadas y finalizadas en el plazo que la naturaleza de las obras demanden, debiendo quedar a su finalización el dominio público afectado en las debidas condiciones para el uso y tránsito público». Se anula todo, lo que se ha hecho y lo que se haya iniciado o gestionado.