El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha resuelto, tres años después, la polémica desatada por las oposiciones a auxiliar administrativo del Gobierno de Aragón, ordenando que continúe el proceso de selección con los 32 que aprobaron inicialmente, y dejando sin opción a unos 380 que habían aprobado con el cambio de criterio. El primero de varios.

La enrevesada polémica surgida en el 2016 acabó con la decisión de la Consejería de Hacienda, a cargo de Fernando Gimeno, de repetir la prueba. Pero la judicialización del caso paralizó la repetición, que tampoco contentaba a nadie, y ahora, según el TSJA, el proceso debe de continuar (quedan las pruebas de informática e idiomas) colo para los 32 aprobados. Pero con los previsibles recursos ante el Tribunal Supremo y calculando unos dos años para su resolución, las 133 plazas convocadas estarán cinco años sin cubrir. Seis, si se cuenta la fecha de convocatoria, del 2015.

Cronológicamente, el caso comenzó ese año, con una convocatoria que reflejaba entre sus bases, para el primer examen tipo test, que para aprobarlo habría que obtener «como mínimo 5 puntos».

El examen se realizó en junio del 2016, y fue seguido, como recoge la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA, de «múltiples protestas» por la dificultad de las preguntas y la anulabilidad de algunas de ellas. Unas protestas que llevaron a recogidas de firmas e incluso llegaron a las Cortes.

Mientras, el tribunal, ante la polémica, cambió el baremo de la prueba, lo que hizo que de los 32 aprobados iniciales se pasara a 379. Pero tras nuevos recursos, se anuló este cambio, lo que derivó en las protestas de los que se habían quedado fuera con el criterio inicial.

Tras varios avatares, dimisión del tribunal incluída, y consultas a los servicios jurídicos y al Consejo Consultivo, Gimeno acabó optando por retrotraer el procedimiento al inicio y repetir el examen, lo que obviamente no contentó ni a los aprobados al principio ni a los que lo fueron con el cambio de baremo.

Así, muchos recurrieron, entre ellas una opositora, representada por el abogado Raúl Ramos, del Gabinete Cimbra, que ha obtenido esta sentencia favorable.

El fallo del TSJA recoge que la discusión judicialmente planteada es exclusivamente sobre la pertinencia de la orden de Gimeno, y considera que no debió dictarla. La DGA alegaba que las bases tenían un «contenido imposible» porque con el test no se podía sacar un 5, se pasaba del 4,8 al 5,2. Pero el tribunal recuerda que se tenían que obtener «como mínimo 5 puntos», lo que consiguieron los 32 aspirantes que podrán seguir el proceso de selección.