El Ayuntamiento de Zaragoza es consciente de la incertidumbre y la alarma que se ha generado a raíz de ordenar el cierre o el cese de actividad en aquellas fincas privadas que celebran bodas sin tener regularizada su situación o que, directamente, incumplen la normativa urbanística. Y trabaja en dar con una solución «transitoria» que no cause «daños a terceros», en este caso, las parejas que ya las tienen reservadas para albergar su enlace este año. Son una docena de matrimonios los que se iban a celebrar en ellas este año, y a las que se aboga por dar una tregua, permitir que se celebren y después «ordenar el desmantelamiento de las estructuras que no se ajustan al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y cesar la actividad».

Así lo explicó ayer a este diario el gerente de Urbanismo del consistorio, Miguel Ángel Abadía, que es consciente de tener en pie de guerra a las fincas clausuradas, a las que se notificó el cierre a finales de enero. Son dos las que tienen el expediente culminado y a las que se les ha ordenado el cierre, la finca La Esencia en el barrio rural de Peñaflor y El Cantal, en San Juan de Mozarrifar, y a ellas podrían sumarse otras siete que están siendo investigadas con expediente abierto.

REUNIÓN, MAÑANA // Aunque estas dos, con las que ayer contactó este diario exigirán mañana la suspensión cautelar de la orden hasta que se regule una normativa municipal en Zaragoza --o en Aragón-- sobre la utilización de estos espacios, ubicados en suelo rústico o no urbanizable. Así se lo remitirán las dos fincas a las que se ha ordenado el cierre, en la reunión que dicen haber concertado con Urbanismo mañana. Aunque ni Abadía ni Intervención Urbanística tienen constancia de tal encuentro, aseguraron.

Acudirán, explicaron las dos fincas, para instar a los responsables municipales a que se revoque la orden dada por escrito hasta que la normativa municipal sea clara. Porque si no, advierten, acudirán «al contencioso administrativo para pedirle al juez la suspensión cautelarísima de la misma», explicó Ángel Tejedor, abogado que lleva el caso de La Esencia. Se abriría así un proceso judicial para intentar poner a salvo la celebración de la docena de bodas que ambas fincas aseguran tener programadas este año.

Los organizadores de estos eventos --el de Peñaflor es dueño de la finca y el de San Juan la tiene alquilada a un particular-- lamentaron la interpretación que se hace de la ley, aunque confiaron en que esos eventos se van a celebrar. El propietario de la finca de Peñaflor, La Esencia (ubicada en el camino de Perdiguera), es Antonio Serrano, y asegura que las bodas no son la actividad principal de sus terrenos, que al contrario de lo que reclama el consistorio, él sí tributa por su actividad, «a través del Impuesto de Sociedades y pagando el IVA por el alquiler de la finca». Esa es, afirmó, su única actividad y «se trata del rendimiento inmobiliario de sus terrenos, no de una actividad empresarial». Por eso, insistió «no peligran estas celebraciones», por más que tenga en su poder la orden municipal que le exige el cese de la actividad por no tener licencia.

Serrano considera un contrasentido lo que le está ocurriendo, ya que en el 2014 presentó el proyecto y solicitó los permisos para las obras que él mismo, autónomo, está ejecutando. Su pasado en el sector de la construcción le permite realizar los trabajos para obtener la licencia de actividad «como centro hípico», que es su actividad «principal» en la finca que tiene en Peñaflor. de hecho, fue en julio del 2016 cuando empezó a acoger bodas y «solo tengo cuatro programadas para este año». Aunque se anuncia en Facebook como lugar para celebrar «bodas y eventos», una publicidad que le proporciona clientes y proyección pero que es una actividad que no sustenta la finca.

«En las fiestas del Pilar, el ayuntamiento también monta y autoriza carpas en espacios públicos, pero ahí no pasa nada. Con nosotros, sí, cuando lo único que hago es arrendar mi finca», expone. Coincide con la visión que tienen otros afectados en estos expedientes, que consideran que las celebraciones que albergan sus propiedades son similares a que los colegios sirvan comidas o que los clubes deportivos usen sus instalaciones para eso mismo. «¿Cuál es la diferencia?», se preguntan.

En San Juan de Mozarrifar está El Cantal, un negocio que lleva apenas un año celebrando bodas y donde el cátering El Cobertizo, del mismo propietario, trabaja con sus clientes. Su responsable, Salvador, explicó que actúa igual que en otras fincas privadas donde le contratan. El terreno se alquila por los contrayentes y también contratan el banquete. Está «a expensas de que nos concedan la licencia», después de llevar una docena de celebraciones y tener programadas ocho este año. «No queremos hacer un restaurante», añadió. En su caso, tiene un «plan b»: otro espacio de su propiedad «con capacidad para mil personas».

Abadía añadió que el problema de estos suelos es que «están en unos suelos no urbanizables de especial protección» y que así «es difícil regularizar su situación». O se cambia la ley o el PGOU. Pero tratarán de «calmar» la situación intentando que las bodas de este año «sean una excepción», pero la norma solo deja acoger citas de «hasta cien personas».