La Sección Tercera de la Audiencia de Zaragoza tendrá que decidir si la prohibición de ampliar una granja de pollos a las afueras de Manchones fue un acto arbitrario del alcalde de la localidad, Jesús Pardillos, o si, por el contrario, este actuó legalmente en defensa de la salubridad de su pueblo, como él mismo declaró en la primera sesión de la vista oral.
La granja se amplió finalmente, porque recibió el visto bueno del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), pero ahora Pardillos, el secretario de la corporación (Jesús Javier Ayala) y el teniente de alcalde (Florentín Hernández), se exponen a penas de cárcel, inhabilitación o ambas, en una horquilla que va hasta los 8 años para las primeras y hasta los 22 en las segundas.
No obstante, la fiscala dejó en manos de la sala si se mantiene la acusación contra el secretario, dado que el testimonio de una vecina en la primera sesión del juicio apunta, en principio, a que no cometió una falsedad en documento oficial, el delito que se le imputa.
En la jornada de ayer, los peritos de la acusación particular señalaron que la instalación ganadera cumple la normativa urbanística y ambiental. Los expertos de la defensa, por su parte, manifestaron que la granja debería haberse situado a mayor distancia del casco urbano.
La defensa mantuvo que el visto bueno del Inaga era "recurrible" como cualquier decisión administrativa y que el consistorio votó por la suspensión temporal de las licencias de obras "por miedo a la instalación de una macrogranja porcina".
Asimismo argumentó que la voluntad del ayuntamiento es conseguir que las actividades insalubres y molestas se instalen al menos a un kilómetro del pueblo y que tanto el alcalde como el teniente de alcalde y el secretario cumplieron su deber.
