Vox ha solicitado al Gobierno de Zaragoza información sobre el personal que está al frente a la Junta Arbitral de Consumo municipal, que se encarga de la «resolución de conflictos entre consumidores y usuarios-empresas» y «se constituye en una justicia alternativa con la fuerza de que sus decisiones son vinculantes y ejecutivas para las partes».
La formación registró esta petición el pasado 8 de agosto y en ella requiere información sobre la relación del personal, «sin nombre y apellidos», adscrito a la Junta Arbitral de Consumo, sus titulaciones, nivel administrativo o laboral, así como la retribución que percibe.
Además, solicita información sobre el coste anual que conlleva su funcionamiento a las arcas municipales y la relación de los actos de mediación llevados a cabo desde el 1 de enero del 2018 hasta la actualidad, además de los laudos emitidos durante este periodo. El portavoz de Vox, Julio Calvo, explicó que la petición se ha hecho para constatar su necesidad, ya que existe un servicio con las mismas funciones en el Gobierno de Aragón, por lo que considera que se está produciendo «una duplicidad de servicios entre ambas administraciones».
Según Calvo, estas peticiones forman parte de su programa electoral, en el que incluyen la eliminación de las duplicidades y solapamientos entre instituciones. A su juicio, tal y como están las arcas públicas tanto de la DGA como del ayuntamiento no es conveniente que se preste el mismo servicio desde las dos administraciones ya que acarrea, según Calvo, un gasto extra.
El concejal explicó que sucede lo mismo con la Casa de la Mujer y el Instituto Aragonés de la Mujer ya que, dijo, realizan el mismo trabajo y tienen un coste doble.
No es la primera vez que Vox solicita información sobre el personal municipal o que trabaja para el consistorio. Ya lo hizo, por ejemplo, con el Servicio de Asesoría Sexológica para mayores del ayuntamiento.
