Por primera vez en la última década, el PSOE ha acumulado todo el poder político. Los socialistas gobiernan la comunidad autonóma, las tres capitales de provincia aragonesas y, dentro de unas semanas, también llegarán a la Moncloa. Esta hegemonía socialista en las principales instituciones va a implicar un cambio de papeles respecto a lo que ha estado sucediendo en los últimos cinco años en Aragón.

Y el principal afectado por este nuevo escenario va a ser el propio presidente aragonés. Para Marcelino Iglesias se abre una etapa en la que desde la oposición se le va a exigir que saque la máxima rentabilidad posible para Aragón de su afinidad ideológica con el Gobierno central, una Administración que al ser socialista en buena lógica no será enemiga para la actual DGA. Pero Iglesias, como interlocutor privilegiado con Madrid, también va a sufrir mayor desgaste político en las Cortes como consecuencia de las decisiones polémicas que pueda adoptar el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

PERIODO APASIONANTE Así las cosas, tras las elecciones legislativas del 14-M, se abre un periodo "apasionante", a juicio de la oposición, no sólo en España sino también en Aragón. La última vez que los gobiernos de Aragón y central coincidieron en el color socialista fue en septiembre de 1993, con la moción de censura que ganó el socialista José Marco y Felipe González estaba en la Moncloa. Las relaciones entre ambos fueron inexistentes.

La situación ha cambiado ahora, porque entre Zapatero e Iglesias existe una clara afinidad y buen clima de relaciones. Y, por tanto, desde la oposición se van a reclamar resultados. "Se abre un escenario completamente distinto en el que Iglesias no va a poder ejercer su deporte preferido: el victimismo y el enfrentamiento continuo con el Gobierno de la nación", advierte el presidente del PP, Gustavo Alcalde. Para el dirigente popular, resulta evidente que "se ha acabado el tiempo del engaño y de la demagogia" si finalmente el PSOE cumple su compromiso de paralizar el trasvase y, por lo tanto, Iglesias "se queda sin su discurso político" de los últimos años. Alcalde acusa a Iglesias de haberse escondido en "una cortina de agua" desde que en septiempbre de 1999 el Gobierno central sacó a la luz el polémico trasvase del Ebro.

Alcalde se muestra escéptico ante la posibilidad de que haya un mejor trato a Aragón por parte del Estado. "El movimiento se demuestra andando", recalca, y añade: "El Gobierno del PP ha hecho un esfuerzo inversor en Aragón de primera magnitud y Zapatero va a tener el listón muy alto".

También el portavoz de CHA, Chesús Bernal, reconoce que el escenario ha cambiado desde el 14 de marzo, por lo que remarca que la actitud de los nacionalistas será vigilar que "el presidente de Aragón no baja la guardia y no se muestra condescendiente con el Gobierno de Madrid en cuestiones que antes le parecían insostenibles". Para Bernal, la nueva situación también le va a afectar al PAR, que, a su juicio, verá mermada su capacidad de crítica al Gobierno central para "no molestar a su socio en la DGA". Javier Allué, vicepresidente del PAR, niega este extremo: "Vamos a seguir reivindicando lo mismo que antes, aunque es cierto que ahora tenemos más esperanza de que el futuro Gobierno central será más receptivo con Aragón".

Adolfo Barrena, coordinador de IU, afirma que la mejor sintonía entre ambos Gobiernos del mismo color político debe servir para desbloquear asuntos "urgentísimos" que están en la mesa de negociación. El diseño de una política hidráulica de consenso sin trasvase, incremento del autogobierno, financiación e infraestructuras constituyen ese listado de deberes del Gobierno central con Aragón, según el dirigente de IU.

"No vamos a resolver todos los temas, pero en unos días he podido hablar con Zapatero más que con Aznar en ocho años. Ahora podemos hablar, y aunque no resolveremos todos los problemas, acercaremos posiciones", recalcó Iglesias el pasado jueves en las Cortes.