Todavía no se ha aprobado, pero la futura norma educativa que pretende aprobar el gobierno de Pedro Sánchez morirá antes de nacer. La afirmación, teniendo en cuenta el devenir de la legislación en materia de educación en España en los últimos 35 años, no es una barbaridad: el país ha contado con siete leyes educativas y, con la próxima derogación de la LOMCE, se iniciarán los trámites de la octava. Y a esta, si se produce un futuro cambio de color en el Gobierno, le sucederá otra. Y así, sucesivamente, hasta que los partidos no firmen un pacto de estado que asiente las bases de un elemento tan esencial como la enseñanza.

El pasado miércoles, la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, anunció que llevará su proyecto de reforma de la Ley Orgánica Educativa (LOE) al Congreso en febrero. La idea es modernizar una norma (la LOE) ya implantada en el 2006 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y derogar la polémica LOMCE del PP y de su exministro José Ignacio Wert.

El consenso político parece evidente y el gesto del Gobierno contenta a quien está protestando porque hasta ahora el actual Gobierno no ha derogado ninguna de las leyes que dijo que derogaría, como la de la reforma laboral o la de la mordaza. Hace falta un cambio después de tantos años de recortes, de manifestaciones, de mareas verdes, de malos datos en los resultados educativos del alumnado, del aumento de las repeticiones, del fracaso de las reválidas, del lío con la Religión... No en vano, se ha considerado la peor de todas las leyes hasta ahora aprobadas.

Las comunidades gobernadas por el PSOE apoyan el texto de Celaá, aunque con peros. Y consideran que la ley es un «viaje al pasado». Todos juzgan al contrario y sus decisiones desde el otro lado de la barrera, pero las tornas cambian cuando sucede lo contrario. Poner fin a la LOMCE contenta a sindicatos, docentes, familias y estudiantes. Por contra, desagrada a la escuela concertada y a toda oposición al PSOE.

A falta de un pacto, el baile de siglas y el sistema de enseñanza en la legislación educativa del país ha sido continuo en España. Pocos miembros de una misma familia han estudiado todos bajo una misma normativa.

El cicló empezó en 1970 con la LGE (Ley General de Educación), aún bajo el régimen franquista y el ministro José Luis Villar Palasí, y todavía no se ha dado con la tecla. Con ella, se estableció la obligatoriedad y gratuidad de la educación básica hasta los 14 años y se introdujo una nueva estructura de etapas EGB, BUP y COU, así como la FP. A partir de ahí, ya con la Constitución, empezó el particular tour. Antes, y muestra de cómo se ha tratado políticamente la educación, un ministro que apenas duró seis meses, Julio Rodríguez, llegó a cambiar el calendario universitario de modo que implantó vacaciones ¡de mayo a enero! Tal disparate ocurrió en 1973.

En 1980, Adolfo Suárez elaboró la primera ley plenamente democrática: la ley Orgánica Reguladora del Estatuto de Centros Escolares (LOECE). En 1985, con el PSOE, se aprobó la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE), que incorporaba el sistema de los colegios concertados. Después, en 1990, llegó la LOGSE (Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo). Fue el cambio más profundo en la escuela y su estructura de cursos y etapas sigue vigente: Infantil, Primaria, Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato o Formación Profesional. Los ideólogos fueron Alfredo Pérez Rubalcaba y Álvaro Marchesi, ministro de Educación y secretario de Estado de esta rama, respectivamente, en el Gobierno de Felipe González. En 1995 llegó la LOPEG (Ley Orgánica de Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros Docentes), rechazada por los sindicatos al considerar que facilitaba la privatización. El siguiente cambio lo hizo José María Aznar (PP), que aprobó la LOCE (Ley Orgánica de Calidad de la Educación). Nunca llegó a aplicarse porque José Luis Rodríguez Zapatero la paralizó en el 2004.

En el 2006, se aprobó la LOE (Ley Orgánica de Educación) y, en la última etapa de Zapatero, con Ángel Gabilondo como ministro de Educación, se estuvo muy cerca de un pacto de Estado que, con la llegada del PP, se paralizó. El ministerio dirigido por José Ignacio Wert anunció como una reforma parcial de la LOE, pero fue una venta de humo: el PP aprobó la LOMCE.

La siguiente, bautizada ya como ley Celaá, se sumará a un rosario de normativas educativas que solo acumulan polémica y que, por el camino, hacen perder sentido a la educación que tanta falta hace.