Un examen tan multitudinario como el celebrado ayer en el Centro Politécnico Superior (CPS) de Zaragoza está cada vez más lejos de ser una anécdota. El retraso con el que consistorio de la capital aragonesa está cumpliendo sus propios compromisos está contribuyendo a que aumente, en número y en competitividad, cada oposición para hacerse, como en otras Administraciones, con una plaza de funcionario público. Y más si, como en el caso de la capital aragonesa, en la oferta pública de empleo aprobada en el 2009, y pactada con los sindicatos, se planteó adjudicar unas 600 y cinco años después no ha cubierto ni 200 de ellas. Así, hoy, tras un lustro de espera "son casi 400 puestos" aún sin dueño. Y la convocatoria de ayer solo da para 29.

El resultado es el de ayer, largas filas a las puertas de los edificios del CPS en los que, durante una hora, tenían la oportunidad de consolidar ingresos fijos para toda una vida. Aspiran a un puesto de oficial de mantenimiento, y entre los candidatos, un nivel cada más alto de estudios, para puestos que no exigen la máxima cualificación.

Aunque eran muchos los aspirantes, no llegaron a la mitad de los previstos. El largo tiempo transcurrido desde la convocatoria pudo jugar a favor de que muchos no llegaran a presentarse. De los 3.568 candidatos inscritos, solo 1.437 concurrieron al examen, un 40,27% del total.

Esto significa que, prácticamente, seis de de cada diez aspirantes desistió de participar en la prueba. Una cifra inferior a lo habitual que, según fuentes municipales, suele rondar la mitad de los inscritos.

Tras celebrarse esta oposición libre, tendrá lugar la prueba para discapacitados y, después, el concurso-oposición. En total, serán 65 las plazas ofertadas.

El año pasado, la convocatoria fue igualmente multitudinaria --para oficiales polivalentes, 40 plazas--, y este año, según explicó el presidente de la Junta de Personal del consistorio, Roberto Tordesillas, "hay que impulsar la oposición de operario", previsto para cubrir más de 90 plazas. Aunque este también admitió que "difícilmente podrá convocarse el examen para este año", por la tramitación administrativa que este conlleva, ya que todavía deben aprobarse las bases y la lista de admitidos para la prueba.

AGILIZAR AL MÁXIMO Pero "hay que agilizar el proceso al máximo", porque, como indicó, "si el compromiso del ayuntamiento es el del mantenimiento del empleo, esta sería la mejor manera de demostrarlo, porque consolida el empleo que ahora prestan este mismo número de personas que están como interinos y porque, como ya se está prestando y se paga lo mismo por hacerlo, no comporta coste adicional para las arcas".

Así que es más una cuestión de voluntad. Y de cumplir la ley. Porque el examen de ayer llega habiendo superando en dos años el plazo que marca la ley para cubrir esos puestos. De hecho, en el 2012 deberían haber estado finalizadas todas las oposiciones planteadas en el 2009 y esas 600 plazas deberían estar ocupadas ya por funcionarios, ofreciendo empleo fijo en la práctica totalidad de la plantilla del ayuntamiento.

Ni siquiera el nuevo marco legal que estableció el Gobierno central en el 2010 condiciona el cumplimiento de la oferta pública de empleo pactada en el 2009, ya que tiene toda la vigencia al haberse aprobado con anterioridad a la norma que impedía a los consistorios a convocar oposiciones para un número de plazas que superara el 10% de las jubilaciones. Con ella, este año no podrían adjudicarse más de doce puestos.