Aunque el Ayuntamiento de Zaragoza no pueda sacr pecho de que sea noticia, al cierre del tercer trimestre de este año ha conseguido por primera vez en los últimos años abandonar el listado de Administraciones públicas que incumple sistemáticamente con los límites legales de morosidad. El consistorio ha logrado pagar a sus proveedores en un promedio inferior a los 30 días de demora permitidos y situar su media en 26,21 días. Así se hace constar en el informe que analiza el cumplimiento de las obligaciones de gasto reconocidas con las empresas que prestan servicios y suministros al consistorio.

Entre los datos que destaca ese informe, que abarca desde el 1 de julio al 30 de septiembre, que se han hecho frente a un total de 3.957 operaciones por un importe de 57,9 millones de euros. Y que, por otra parte, en intereses de demora, por el retraso, se han tenido que pagar, por solo dos pagos, un total de 16.843,06 euros. Además, explica que en el segundo trimestre, los pagos realizados en el plazo legal habían supuesto apenas 9,39 millones de euros, correspondientes a 1.670 de las 3.862 operaciones contabilizadas, por un valor global de 57,12 millones de euros. Entonces, solo tres meses antes, habían sido 2.192 facturas pagadas fuera del plazo de 30 días que exige la ley, por valor de 47,72 millones.

AÚN PENDIENTES Aún así, las facturas pendientes de pago en el tercer trimestre representan 2.440, por un importe de 62,63 millones de euros. de ellas, 1873 están dentro del plazo legal establecido para abonarlas, por un valor de 23,15 millones. Son 567 las que ya han excedido ese plazo, aunque no hay que obviar que estas representan una obligación de gasto de 39,48 millones de euros. Por otro lado, en el informe trimestral de julio a septiembre también se indica que hay un total de 133 operaciones que superan los tres meses de antigüedad en la contabilidad municipal. Todas ellas suman un valor de 29,06 millones. Aunque ocho de ellas corresponden a facturas que reclamó la concesionaria del autobús urbano TUZSA, correspondiente a la anterior contrata (ahora la lleva Autobuses Urbanos de Zaragoza), por un valor de 23,17 millones. Estas son las que acabaron en los tribunales tras el requerimiento judicial que planteó la empresa y que ahora el juzgado debe analizar por si atiende la petición de lesividad que denunció el ayuntamiento al tiempo que suspendía el abono de las mismas. Así que la morosidad en el ayuntamiento parece haber dejado de ser un mal endémico ya que en los últimos años esos 26 días de promedio ha llegado a superar más de 200, con el evidente perjuicio a los proveedores.