El esqueleto de hormigón que ahora decora la calle Fray Luis Urbano parece que está más cerca de convertirse en lo que se proyectó en un inicio: 80 viviendas tuteladas de alquiler social y con espacios compartidos destinadas a mayores y jóvenes.

El consejo de la sociedad municipal Zaragoza Vivienda aprobó ayer los pliegos para la contratación de las obras que acabarán el edificio. El precio del contrato será de 5,8 millones de euros y el plazo de ejecución de 14 meses. La concejala delegada de Vivienda, Carolina Andreu, asumió ayer después de la reunión del consejo que la contratista que resulte del concurso podrá empezar a trabajar a finales de este año, por lo que las viviendas estarían acabadas para el primer trimestre del año 2022. Entonces se pondría fin a una historia que lleva tiempo coleando.

Dragados dejó sin terminar los trabajos por considerar que necesitaba más dinero del que constaba en el contrato inicial para poder concluir las obras. Después de varias sanciones y de varios encontronazos con el Ejecutivo de ZeC, el equipo de Jorge Azcón llegó a un acuerdo con la empresa para rescindir el contrato. La condición entonces fue que Dragados pagara a Zaragoza Vivienda 333.310,37 euros en concepto de daños y perjuicios. Aunque dado que la sociedad municipal le ha tenido que devolver el aval a la constructora (269.750 euros), así como el 5% de las retenciones efectuadas durante las obras (64.982,27 euros), la operación final se ha cerrado con un saldo a favor para Dragados de 27.016,11 euros.

Por otra parte, en mayo del año pasado un informe constató que el porcentaje de ejecución de la obra era del 22,61%, cuando para esa fecha el edificio tendría que estar casi al 90% acabado. El coste de ese porcentaje del contrato que Dragados sí ejecutó es de 1.299.654 euros. Ahora esta parte que está construida va a poder aprovecharse, dado que según explicó Andreu la estructura levantada no ha sufrido deterioro y se encuentra en buen estado.

Asimismo, el precio de la licitación que sale ahora es medio millón de euros más cara que lo que fue en un inicio, cuando Dragados se comprometió a ejecutar el proyecto por 5,3 millones. De toda esta maraña de cifras resulta clara una conclusión: va a costar más reiniciar los trabajos de las 80 viviendas, cuando el 22% de las obra estaba hecha, que lo que se planteó en un inicio. Así, el gasto total superaría los 1,8 millones respecto a lo fijado en un principio­.

Desde la asociación de vecinos del barrio de Las Fuentes miran por fin esperanzados a la infraestructura ahora abandonada. Diego Luque, su presidente, explica que las viviendas se sitúan en una zona del distrito que está creciendo y que resulta muy importante para el futuro del barrio.

«Esta era una reclamación histórica del barrio y es muy necesaria. Se necesitan nuevos emplazamientos para que nuestros jóvenes no tengan que marcharse de Las Fuentes. Ese es el objetivo», cuenta Luque. En su opinión, el ayuntamiento tendría que potenciar la construcción de vivienda pública y social en la zona para conseguir fijar población en un barrio que se encuentra muy envejecido. Cerca de las 80 viviendas, asegura Luque, hay otro terreno municipal que podría servir para ello.

Urbanismo acelera su plan para erigir el hospital privado

El Gobierno de Jorge Azcón quiere acelerar la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para recalificar el suelo de la prolongación de Gómez Laguna donde quiere que se construya un macrohospital prievado. Tanto que el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha convocado una comisión extraordinaria para el próxima lunes en la que se votará al aprobación definitiva del plan de modificación. Serrano sabe que cuenta con mayoría, ya que Vox apoya al Gobierno de PP y Cs en este proyecto.

Habrá que ver si el PSOE, finalmente, decide hacerlo también. ZeC y Podemos ya han manifestado su rechazo de forma tajante. Esta maniobra le permitirá a Serrano irse de vacaciones en agosto con este proceso cerrado, que de normal se dilata durante meses. El concejal quiere sacar a la venta el suelo cuanto antes y para eso pedirá al Gobierno de Aragón que declaré de interés autonómico el proyecto para acelerar, todavía más, el proceso.