La ciudad de Zaragoza tendrá una ley específica que, por primera vez, reconocerá sus competencias propias y la dotará de un marco financiero en el que el Gobierno de Aragón y la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) transferirán una cantidad tasada anualmente. Eso sí, cuando se apruebe el nuevo modelo de financiación por parte del Ejecutivo central y que en estos momentos está aplazado sine die. Estos son los dos aspectos principales del anteproyecto legislativo que ayer aprobó un consejo de Gobierno extraordinario y que presentaron a los medios de comunicación el portavoz del Ejecutivo, Roberto Bermúdez de Castro, y el consejero de Política Territorial, Antonio Suárez.
El PP y el PAR consensuaron una norma que, sin embargo, no ha tenido en cuenta las opiniones del Ayuntamiento de Zaragoza. Esta cuestión que fue ayer duramente criticada desde el Gobierno de la ciudad y los grupos de la oposición. Suárez destacó que es ahora cuando el consistorio, al igual que otras entidades afectadas, podrán hacer sus aportaciones en la fase de consultas, de un mes, previa al inicio de su tramitación parlamentaria en las Cortes.
FONDOS
El aspecto fundamental de la ley es que por primera vez el Ayuntamiento de Zaragoza dispondrá de recursos para ejercer sus competencias que procederán de un fondo específico y que se firmará mediante convenios anuales. Tendrá una cuantía mínima de un 10% del total destinado a los programas específicos de transferencias a las entidades locales en el Fondo Local, y es independiente de las partidas destinadas por la DGA en otras áreas, ya que solo será para el desarrollo de las competencias propias. Asimismo, la DPZ deberá aportar el 5% de las transferencias de capital que transfiere anualmente a los municipios. Según las estimaciones de Suárez, estas cifras serían --ateniéndose a las cifras de este año-- de 14 millones procedentes del presupuesto autonómico y 10,4 del provincial.
Uno de los apartados básicos de esta ley es la delimitación de las competencias propias y delegadas de la ciudad. El texto las especifica, aunque sin detallarlas; estas serán: Ordenación del Territorio, Urbanismo, Patrimonio cultural, Vivienda, Medio Ambiente, Residuos urbanos, Protección civil, Transportes, Comercio, Salud Pública, Deporte, Servicios Sociales, Protección de la mujer e igualdad de género, Voluntariado social, Acción social en materia de drogodependencias, Educación, Espectáculos públicos, Turismo, Consumo, Energía, Telecomunicaciones, Industria y Ayudas por razones de solidaridad. En todas ellas, hay especificidades respecto a la legislación autonómica que se tendrán en cuenta.
RIGOR
El consejero defendió el procedimiento empleado para presentar la ley, sin haber tenido conversaciones previas con el consistorio, "para darle rigor y autenticidad y tener el soporte jurídico legal", aunque indicó que "se ha tenido en cuenta la opinión del ayuntamiento" y el borrador que se negoció sin éxito en el 2009. Sin embargo, las primeras críticas del Gobierno municipal llegaron del teniente de alcalde y candidato del PSOE a la Alcaldía, Carlos Pérez Anadón. A su juicio, "una vez más la DGA utiliza el método inadecuado con la ciudad de Zaragoza".
Pérez Anadón no entró a valorar el contenido de la ley hasta dentro de unos días, pero indicó que se ha redactado "de espaldas a la ciudad", al no contar con la opinión de los grupos municipales "a pesar de que es una ley específica de la capital de Aragón". El candidato socialista consideró: "Estamos acostumbrados a que cuando el señor Suárez legisla lo haga sin proyecto de ciudad y sin tenernos en cuenta, como ha pasado con la Ley de Coordinación de Policías Locales o el decreto de Espectáculos Públicos". También denunció que apenas se esbozan las características de las competencias.
