El juzgado de primera instancia número 39 de la capital catalana desestimó ayer la demanda por la acción de responsabilidad social contra el expresidente del FC Barcelona Joan Laporta y otros 16 directivos más, a quienes la entidad azulgrana les reclamaba 47,6 millones de euros. La actual junta directiva del club calculó en dicha cantidad la deuda acumulada por Laporta y su equipo durante sus siete años de mandato (2003-2010).
La disonancia viene de la auditoría que Sandro Rosell le encargó tras ganar las elecciones en el 2010. Las cuentas presentadas por la junta de Laporta en la temporada 2009-10 arrojaban 11,1 millones de beneficios. Para la junta entrante, en cambio, arrojaba un déficit de 79,6 millones. El juez José Manuel Martínez Borrego, sin embargo, dice que arrojó un beneficio acumulado de 4,1 euros.
