La final del mundo ha añadido en Paraguay otro capítulo a su absurda definición. La Conmebol decidió que River Plate y Boca Juniors no solo están incapacitados de jugar con público visitante: deben hacerlo fuera de Argentina. El presidente de la también escandalosa federación regional, Alejandro Domínguez, se reunió en Asunción con los presidentes de los dos equipos, Rodolfo D’Onofrio y Daniel Angelici, para comunicar que la Copa Libertadores se definirá el 8 o el 9 de diciembre.

El organismo se hará cargo «de los gastos de viaje, hospedaje, alimentación y traslado interno de hasta 40 personas por delegación». El partido tendrá lugar siempre y cuando el Tribunal Disciplinario de la Conmebol no diga lo contrario. «No están dadas las condiciones para que pueda jugarse en la Argentina», descubrió Domínguez, quien el pasado sábado quiso que la final se llevara a cabo contra viento y marea.

En principio, el choque tan esperado y a la vez demorado, se jugaría en Asunción, una ciudad que dista de ser apacible. El territorio paraguayo se ha convertido en otro de los intensos campos de batalla que libran en Brasil dos facciones del narcotráfico: el Primer Comando Capital (PCC), de San Pablo, y el Comando Vermelho (CV), de Río de Janeiro. La Conmebol maneja otros escenarios: Miami y la lejana Qatar.

La decisión de jugar fuera de Argentina supone una sanción implícita a River por su responsabilidad en los episodios vergonzosos del fin de semana pasado. Todavía se desconoce si la final se jugará con público y qué hacer con las miles de personas que compraron su entrada y se quedarán sin nada. La única certeza que tienen los organizadores es que deben terminarlo antes del 12 de diciembre, cuando comienza el Mundial de Clubs. El Tribunal Disciplinario de la Conmebol tiene que pronunciarse antes sobre el pedido de Boca de ser proclamado campeón y que, además, River sea castigado.