Mientras la policía detenía ayer en Valencia a otros dos individuos relacionados con el asesinato el pasado día 30 de noviembre del ultra de Riazor Blues Francisco Javier Romero Taboada, uno de ellos como presunto autor material, el presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Ángel María Villar, aparecía al fin para dar luz verde a la batería de medidas encaminadas a atajar la violencia física y verbal en el fútbol español y su entorno, aunque no se privó de reseñar que la mayor parte de ellas ya existen en la reglamentación federativa en vigor. No es el caso de la clausura parcial de los estadios, la principal novedad.

En un nuevo ejemplo del distanciamiento que mantiene con el Consejo Superior de Deportes (CSD), la comisión delegada de la RFEF acordó por unanimidad crear una comisión de trabajo para profundizar en el actual ordenamiento jurídico contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia integrada en su totalidad "por personas pertenecientes al fútbol español" y sin representación gubernamental. Con los dos nuevos arrestos, ya son 82 las personas detenidas por su participación en la reyerta entre radicales del Frente Atlético y de Riazor Blues.

Tres de ellas ya fueron enviadas a prisión la semana pasada por el titular del juzgado de Instrucción número 20 de Madrid como supuestos autores materiales de la muerte de Romero Taboada: un taxista vecino de Parla (Madrid), un joven de 21 años empleado en una compañía de seguros residente en Alcobendas y otro de 27 años, estudiante y también residente en Parla.

Según la investigación, los dos primeros tiraron al río al seguidor deportivista después de ser brutalmente apaleado y el tercero participó en la paliza. Uno de los nuevos detenidos ha sido acusado de homicidio y el otro de riña tumultuaria.

EL RETRASO Mientras tanto y cumplidos los compromisos ineludibles con la FIFA, de la que es vicepresidente, en el Mundial de Clubs ganado por el Madrid en Marruecos, Villar, encontró al fin tiempo para atender asuntos domésticos como los relacionados con la lucha contra la violencia. Una cuestión que al parecer no llevaba asociado para el dirigente federativo el carácter de urgencia que el CSD y el Ministerio del Interior le otorgaron.

Después de tres plantones y una semana de retraso sobre lo exigido por las autoridades deportivas, lo que provocó incluso una amenaza del CSD de adoptar ñmedidas coherentes con el nuevo escenario creado por el incumplimiento de la RFEF de los compromisos adquiridos", Villar presidió ayer en la sede de la federación la reunión de la comisión delegada que aprobó las modificaciones de su reglamento general y código disciplinario necesarias para poner en marcha el nuevo plan antiultras.

Unos cambios que afectan a una veintena de artículos de los estatutos federativos con la finalidad de hacer posible de forma inmediata sanciones que van desde el cierre parcial de los estadios donde se produzcan actos violentos o relacionadas con el racismo, xenofobia y la intolerancia o de especial gravedad hasta la pérdida de puntos y descenso de categoría para los clubs que colaboren, permitan o apoyen a grupos o aficionados potencialmente violentos. "El objetivo es que en mayo el panorama sea irreconocible con el actual", dice el secretario de Estado para el Deporte, Miguel Cardenal.