Representantes del Ayuntamiento de Monzón, de la dirección de la compañía El Quiteriano --propietaria de la factoría de Magdalenas Heras-- y del comité de empresa de la misma se reunirán este jueves de cara a buscar soluciones al cierre de la fábrica de bollería, previsto para el próximo 30 de junio. La clausura de la planta fue decretada por el consistorio montisonense la pasada semana, decisión que justificó en la carencia de la pertinente licencia de actividad. Una ausencia de permiso que no comparten los responsables de la compañía, que ayer solicitaron un expediente de regulación de empleo por cierre para los 164 trabajadores que integran la plantilla.

Según argumentó el administrador único de El Quiteriano, Antonio Heras, "esta sociedad ha venido desarrollando desde hace más de 40 años su actividad, no sólo con el consentimiento implícito del Ayuntamiento de Monzón, sino con su consentimiento expreso". Así, apuntó que la empresa contaba con licencias de diciembre de 1992 y de junio de 1993, concedidas por el consistorio autorizando su actividad, mientras recalcaba que nunca hasta la fecha se les había manifestado carencia alguna al respecto.

CRITICAS No obstante, Heras manifestó que la licencia con la que contaban era de carácter provisional (figura jurídica que no existe, según los responsables municipales). Hace unos meses y de cara a transformarla en definitiva, desde el ayuntamiento se les requirió la realización y presentación de distintos estudios y proyectos sobre la factoría. "Sin embargo, el consistorio no los tramitó nunca. Ni siquiera mandó a un técnico para que los comprobara y comenzar a trabajar a partir de ahí", criticó Heras, al tiempo que denunció que se les comunicará el decreto de cierre la pasada semana sin mediar ningún tipo de información previa.

No obstante, fuentes del ayuntamiento señalaron que había sido la empresa quien no había dado la cara en este tiempo. En este sentido, el concejal de Desarrollo, Juan Antonio Blasco --a quien Heras achacó intereses personales en esta decisión, algo que éste negó--, insistió en que la compañía carecía de una licencias de actividad en regla. A esto sumó las numerosas quejas vecinales recibidas por el consistorio debidas al ruido que produce la fábrica. La factoría se encuentra ubicada en el casco urbano de Monzón.

Por su parte, el presidente del comité de empresa, Antonio Mur, mostró su malestar por la actitud que mantuvieron los representantes municipales al principio del encuentro que celebraron ayer. "Nos comentaron que el hecho de que la fábrica tuviera que cerrar dos o tres meses para legalizar su situación no era su problema, que el problema era de la compañía por no tener la documentación en regla", comentó Mur. En este sentido, el representante sindical insistió en la importancia de realizar los cambios necesarios con la planta en funcionamiento, "porque si se cierra y no se cumplen los compromisos con los clientes, no volverá a abrir. Y, al final, los trabajadores seremos los más afectados", añadió.

Sin embargo, el presidente del comité valoró el cambio de talante que se produjo conforme avanzó la reunión y en la que se acordó fijar un encuentro entre todas las partes (ayuntamiento, empresa y trabajadores) para el jueves. Desde el consistorio se destacó la sensibilización que se tenía con los empleos, "pero la ley está para cumplirla", añadieron, mientras destacaban los avances de cara al diálogo logrados ayer.

MEDIACION DE LA DGA El consejero de Industria, Arturo Aliaga, tras conocer la noticia se puso en contacto con el Ayuntamiento de Monzón para interesarse por la situación. De momento "estamos analizando los expedientes", señaló, tras lo que precisó que "no sé cómo se ha podido llegar a esta situación". Con todo, indicó que probablemente hoy mantendrá una reunión con la empresa y con el comité, después de que éstos se lo solicitaran ayer.