Bankia y su matriz BFA pidieron ayer que se les saque del juicio que se celebra en la Audiencia Nacional por su salida a bolsa. De entrada, las dos entidades pusieron en duda la legitimidad de la mayoría de las acusaciones particulares para pedir que se les condene por falsedad documental y estafa a los inversores. Sus abogados esgrimieron que de los más de 300.000 pequeños ahorradores que compraron acciones en junio del 2011, solo 11.000 llegaron a personarse en la causa, de los que a su vez solo 205 personas físicas y cuatro personas jurídicas de las que finalmente les han sentado en el baquillo cumplen los requisitos para ello.

Las dos entidades nacionalizadas pretenden de esta manera sacar del juicio a buena parte de las 16 acusaciones particulares. Sus letrados, así, destacaron que muchas de estas acusaciones dicen representar a perjudicados a los que ya se reintegró su dinero (tras una sentencia del Supremo, el banco devolvió 1.840 millones de euros a partir del 2016), que no compraron acciones en la salida a bolsa sino después, que recibieron las acciones a cambio de sus preferentes y deuda subordinada en el 2012 y el 2013, que han fallecido, o que perdieron contra el banco por la vía civil.

Los letrados se cebaron especialmente en la asociación de consumidores Adicae. La organización, destacaron, dice representar a 1.405 afectados para los que pide una indemnización de 800 millones de euros. Pero cuando la Audiencia Nacional le solicitó que lo probase, sostuvieron, solo pudo presentar justificantes de menos de 70 de estas personas.

Por ello, el grupo financiero pidió que se expulse del juicio a quienes no estén legitimados para acusarle y que al resto se les devuelva el dinero que perdieron (unos dos millones de euros) con cargo a la fianza depositada por el banco (12 millones). De esta manera, ya no habría acusaciones particulares y los dos bancos podrían quedar fuera del juicio por la llamada doctrina Botín.