La CEOE reclama un mayor peso de la empresa privada en la ejecución de los fondos europeos y alerta de que la actual distribución avanzada por el Gobierno puede limitar el efecto multiplicador sobre el capital privado. La gran patronal española ha reclamado al Ejecutivo que limite a un tercio la absorción por parte de la Administración de esos 142.000 millones de euros anunciados desde la Unión Europea para España. Pues la vía que ha considerado más provechosa para invertir los recursos del NextGeneration EU es que los lidere la empresa privada y, en ese sentido, ha aplaudido el mecanismo de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), sobre los que trabaja el Gobierno.
La CEOE ha presentado este miércoles un documento de propuestas para la gestión y ejecución de los fondos europeos. En el mismo cifra en un 50-50 la actual distribución planteada por el Gobierno para el gasto de los recursos del NextGeneration EU, entre los proyectos netamente públicos y aquellos con colaboración público-privada. Y para conseguir movilizar un mayor volumen de capital privado la organización empresarial ha considerado que la distribución idónea sería de un tercio para gasto público y dos tercios para las iniciativas lideradas desde el sector privado.
El vicepresidente de CEOE Íñigo Fernández de Mesa ha explicado que, según los cálculos que maneja la patronal, con la actual distribución de fondos existe el riesgo de movilizar menos capital privado del proyectado por el Gobierno. Pues una de las ambiciones de los fondos europeos es que no solo la UE aporte recursos, sino que estos aceleren inversiones y transformaciones desde el sector privado. Con la idea de aprovechar la actual coyuntura para modernizar la economía y acelerar inversiones que, de otra manera, hubieran podido tardar décadas en acumular el capital suficiente para poder ejecutarse.
Según estimaciones de la patronal, si solo se dedica el 50% a colaboración público privada, solo se movilizarán 1,2 euros privados por cada 1 euro público. Muy por debajo de la estimación de 4 a 1 realizada inicialmente por el Ejecutivo. Ahí la CEOE marca la proporción idónea para sus intereses en dos tercios para inversión público privada y un tercio para gasto netamente público. Este último pide centrarlo en la modernización de la Administración y en políticas activas de formación y cualificación profesional, con el objetivo de mejorar la empleabilidad de los trabajadores españoles.
Y para ahondar en los incentivos a la empresa privada para participar de dichos fondos, Fernández de Mesa también ha insistido en que parte de los mismos debieran vehicularse por la vía de las desgravaciones fiscales. Pues ha manifestado que "son muchas veces más eficientes que las subvenciones", pues son más transparentes y menos discrecionales. Y evitan acabar destinadas a empresas zombies; pues no inyectan directamente dinero, sino que aligeran la carga fiscal para facilitar una actividad empresarial.
20 macroproyectos muy parecidos a un PERTE
El Gobierno trabaja sobre un borrador de real decreto ley que pretende reformar el marco normativo actual, con el objetivo de garantizar la plena absorción de esos 142.000 millones de euros anunciados desde Europa para los próximos seis años. Para ello el Ejecutivo prepara modificaciones a la hora de licitar proyectos públicos y en el ritmo de las tramitaciones administrativas, entre otros. En ese esquema, jugará un papel clave la figura de los PERTE, el acrónimo de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica.
Esta nueva figura de colaboración público-privada encaja en los planteamientos manifestados hasta ahora desde la CEOE. "Hay muchos puntos de coincidencia", según ha manifestado el vicepresidente de la patronal, que, no obsante, ha evitado realizar una valoración completa del borrador de real decreto que ha trascendido esta semana.
La idea es que los PERTE permitan vehicular parte de los fondos para generar proyectos tractores, liderados por grandes empresas, pero en los que entren a ejecución también pymes y en los que el Estado participe activamente en su diseño. Un ejemplo sería crear la infraestructura necesaria para desarrollar la cadena de valor del coche eléctrico en España, desde la fábrica de baterías hasta los cargadores en núcleos urbanos donde los usuarios enchufaran los vehículos. Un esquema coincidente con la lista de 20 macroproyectos que la CEOE ultima con sus asociados y que prevé presentarle al Gobierno a mediados de diciembre.
La CEOE ha pedido al Gobierno que aclare los mecanismos de gobernaza que pretende para el despliegue de los fondos europeos, pues ve difícil compatibilizar la voluntad de concentrar la comunicación entre empresa y Estado en una ventanilla única gestionada desde Moncloa, con la participación activa de las comunidades autónomas.
