En Catalunya Caixa se han detectado diversas operaciones irregulares. Un total de 16, que provocaron un quebranto de 900 millones de euros, han sido enviadas a la Fiscalía hace unos días y tienen que ver con inmuebles, participaciones en empresas y refinanciaciones y cancelaciones de deuda. Además, el FROB también va a remitirle en breve un informe sobre la sospechosa política de concensión de hipotecas entre el 2004 y el 2006.
Los expresidentes Narcís Serra y Adolf Todó, asimismo, están imputados por un presunto delito de administración desleal por elevar los sueldos de la cúpula de la entidad en el 2010.
La Audiencia Nacional tiene abierto un macroproceso con decenas de imputados (Rodrigo Rato y Miguel Blesa, entre ellos) por la salida a bolsa, la reformulación de las cuentas del 2012 y la fusión que dio lugar a Bankia.
La causa tiene dos piezas separadas: en una se investiga la emisión de las preferentes por parte de Caja Madrid y en otra el uso de tarjetas opacas para gastos privados por parte de más de 80 consejeros y directivos de la caja y, en menor medida, del banco.
El proceso (impulsado por UPD y al que, posteriormente, se sumaron la Fiscalía y el FROB) está a la espera de que los peritos del Banco de España emitan un informe.
La Audiencia Nacional ya ha acordado abrir juicio oral a cinco exdirectivos de Caixa Galicia y Caixanova por autoconcederse indemnizaciones multimillonarias. La Fiscalía Anticorrupción les reclama penas de tres años de prisión por adjudicarse prejubilaciones de 18,9 millones de euros.
El FROB, por otro lado, le ha enviado siete operaciones sospechosas con inmuebles y deuda que causaron un perjuicio de 600 millones de euros. La cuarta entidad nacionalizada donde se han destapado irregularidades (14 operaciones) es el Banco de Valencia cuando estaba bajo el control de Bancaja, entidad integrada después en Bankia.
Tras más de treinta sesiones parlamentarias y la comparecencia de unas 40 personas, la comisión de investigación creada por las Cortes de Aragón para analizar la gestión de la CAI ha cerrado el dictamen de conclusiones que se someterá a la valoración final del próximo pleno de la cámara, previsto para el día 6 de noviembre. El documento final, que tiene unas 400 páginas, fue rubricado ayer por los representantes de los cinco grupos (PP, PSOE, PAR, CHA e IU). El informe hace un análisis crítico de la gestión de la entidad entre los años 2000 y 2011.
