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El sector agroalimentario aragonés

Las cooperativas amplían el capital de Arento y dan oxígeno al grupo

La sociedad no se plantea de momento despidos ni la venta de ningún activo. El nuevo presidente, Enrique Arcéiz, avanza que el aval de la DGA «será necesario»

 

La asamblea de Arento, celebrada ayer en Mercazaragoza, eligió a Enrique Arcéiz (dcha.) como nuevo presidente. - ÁNGEL DE CASTRO

R. L. M.
19/01/2018

Las cooperativas socias de Arento dieron ayer un balón de oxígeno al grupo agroalimentario aragonés al aprobar de forma mayoritaria en asamblea (con un apoyo de casi el 90%) la ampliación de capital de cuatro millones de euros. Esta cantidad, que será aportada a lo largo de los próximos dos meses por las cerca de 90 cooperativas integradas en Arento, ayudará a aliviar la tensiones financieras del grupo, que arrastra una deuda con los bancos de 32 millones de euros. Este «gran empujón económico», según aseguró Arento en un comunicado, «garantiza la estabilidad del proyecto» y sienta las bases para diseñar una sociedad «renovada».

La asamblea extraordinaria celebrada ayer en Mercazaragoza, que se adivinaba decisiva para el futuro del mayor grupo cooperativo de Aragón, también eligió al nuevo presidente. Enrique Arcéiz, con un 85% de los votos y ninguno en contra, sustituirá a Pedro Naudín, máximo responsable de Arento desde que el grupo nació en el 2005.

Arcéiz es actualmente presidente de la cooperativa de Sádaba y secretario de organización de UPA Aragón. Al concluir la asamblea, este agricultor y ganadero de 47 años agradeció el «ejercicio de responsabilidad» de los cooperativistas y subrayó que apuesta por un Arento «renovado, mejor dimensionado y con una estrategia mucho más cercana» a los socios. El grupo «tiene que aportar a las cooperativas mayor beneficio, seguridad y transparencia en la toma de decisiones», añadió Arento en el comunicado.

La ampliación de capital (cada una de las cooperativas aportará entre 5.000 y 200.000 euros en función de su participación en el negocio) es el primer paso para caminar hacia el saneamiento del grupo. Pero si esto no fuera suficiente, el Ejecutivo autonómico, tal y como confirmó ayer el consejero Joaquín Olona, se ha comprometido a aportar un aval para dar mayores garantías a una operación que pretende hacer frente a las necesidades de liquidez del grupo. Arcéiz ya adelantó ayer que este aval «será necesario». Según pudo saber este diario, el aval podría rondar los diez millones de euros.

Respecto a la búsqueda de un acuerdo para renegociar la deuda con los bancos, Arcéiz aseguró que el proceso está «muy avanzado». Al cierre del 2016, la sociedad arrastraba un pasivo no corriente (deuda a largo plazo) que superaba los 11 millones de euros –10,8 con la banca–, pero su pasivo corriente (circulante y deudas con vencimiento inferior a un año) excedía los 52 millones –21 millones con entidades de crédito y 31 millones con proveedores y otros acreedores–.

Estas tensiones financieras han disparado los rumores sobre un posible reajuste de la plantilla (unos 150 trabajadores) o la venta de algún activo que no forma parte de la actividad principal del grupo. Arcéiz aseguró que «no se ha planteado de momento hacer ningún despido» y que «no hay ningún estudio que diga que vamos a eliminar líneas de negocio». Con todo, apuntó que se replanteará la viabilidad de los activos que no sean rentables, si bien indicó que los negocios están funcionando y creciendo.