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FINANZAS AUTONÓMICAS

Cuatro años de control de las cuentas catalanas

Hacienda mantiene la vigilancia anti-independentista sobre la liquidez que presta a la comunidad. La Generalitat ha controlado el déficit pero la deuda mantiene la calificación de 'bono basura'

 

El vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, Oriol Junqueras, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en marzo del 2016 - ARCHIVO / AGUSTÍN CATALÁN

Rosa María Sánchez
19/10/2019

La tensión entre las instituciones catalanas y las del Estado va en aumento después de conocerse las condenas a los líderes independentistas juzgados por el Tribunal Supremo por la celebración del referéndum ilegal del 1-O.

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, tienen trazado un plan en prevención de un posible auge de la violencia en las calles de Cataluña, que espera no tener que aplicar. Pero se desconoce si, como pasó en septiembre del 2017, Hacienda podría aplicar mayores controles sobre las finanzas catalanas.

De momento, las cuentas de la Generalitat siguen soportando mayor nivel de control que el resto de las autonomías. Desde noviembre del 2015, la gestión de los pagos de la Generalitat soportan el control reforzado que adoptó el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro para evitar la posible utilización de la financiación estatal con fines independentistas. Hace cuatro años de eso.

Control anti-independentista

"Puedo garantizar que no ha ido ni un solo euro a ningún gasto independentista ni a financiar ninguna veleidad independentista. Que quede claro", dijo en aquel noviembre del 2015 el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro (PP).

La necesidad de la Generalitat de acudir a la financiación más barata del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) desde el 2012 dejó a la comunidad al albur de las condiciones del prestamista, el Estado. Aún hoy, tres de cada cuatro euros de deuda pública catalana tienen al Tesoro por acreedor.

El control mensual y a posteriori de la tesorería prestada por el Estado a las comunidades a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) fue atornillado después, en septiembre del 2017, a pocas semanas del 1-O, con una intervención total de las cuentas que luego quedó bajo el paraguas de la aplicación del artículo 155. Cuando en junio del 2018 decayó la aplicación en Cataluña de este artículo de la Constitución, también desapareció la intervención total de las cuentas catalanas, si bien se mantiene el control que instauró Montoro en el 2015.

No hay nada en medio, entre el control actual y la aplicación del artículo 155, explican algunas fuentes del Gobierno central, dando a entender que no se barajan torniquetes adicionales sobre las cuentas autonómicas a no ser que la tensión derive hasta el punto de tener que volver a aplicar el icónico artículo de la Constitución.

Balance de las cuentas

Cuatro años después del control estatal anti-independenista de sus cuentas autonómicas, Cataluña presenta unos datos contables mucho más saneados.

La economía catalana ha crecido a un promedio del 3,3%, ligeramente por encima de la media estatal del 3,1%. El déficit público autonómico ha pasado del 2,85% del PIB del 2015 al 0,44% en el 2018. Ello ha permitido frenar el crecimiento de la deuda pública, que sin embargo aún se sitúa en un elevado nivel cercano a los 80.000 millones de euros.

La prórroga presupuestaria de las cuentas del 2017 al 2018 y el 2019, que ha impedido la adopción de nuevas políticas de gasto, ha contribuido a embridar las cuentas. En el 2019, sin embargo, puede resultar más difícil cumplir el objetivo de déficit del 0,1% del PIB pues en el segundo trimestre del año se anotó un desfase del 0,72%, si bien en julio bajó al 0,09%.

Desde el 2012, Cataluña despunta como la comunidad que más se ha beneficiado del ahorro en pago de intereses como consecuencia de los mecanismos de liquidez con los que el Estado rescató a las autonomías cuando estalló la crisis de la deuda.

En este periodo, el Tesoro ha facilitado liquidez a Cataluña por importe de 79.550 millones de euros (el 27% del total autonómico) y ello ha permitido a la Generalitat un ahorro de más de 4.000 millones en pago de intereses, según cálculos de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).

'Bono basura'

Los datos avanzan en la buena dirección, pero la Generalitat sigue sin poder cumplir su objetivo de financiarse directamente en los mercados financieros y aún sigue con la respiración asistida de los mecanismos de liquidez dispuestos por el Estado y con una calificación de su deuda pública al nivel de 'bono basura'.

El nivel de deuda (79.243 millones en el segundo trimestre del 2019) casi triplica los ingresos corrientes de la Generalitat, según destaca la agencia de calificación DBRS. Y esta es una de las razones por las que las agencias de rating aún mantienen la nota de la deuda catalana en niveles de letra 'B' (bono basura), reflejando así la existencia de incertidumbres sobre las capacidades de la Generalitat para cumplir sus obligaciones financieras.

En particular la canadiense DBRS, mantiene la nota sobre la solvencia de la deuda catalana en BB (high). A pesar de que DBRS espera que la reducción de la deuda sea lenta y duradera y que el ruido político sobre la independencia permanezca por mucho tiempo, se considera que los fundamentos de la región han mejorado en los dos últimos años, afirma la agencia de calificación en su última nota sobre Cataluña.

El gobierno independentista ha suavizado su retórica, valoraba DBRS a finales de septiembre. Y aunque ya entonces se esperaba una mayor tensión a propósito de la sentencia del Tribunal Supremo, se anticipaba que su impacto sobre la economía, el déficit y la deuda será limitado.