El Gobierno de Aragón, a través del consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Eduardo Bandrés, se ha ofrecido a mediar en el conflicto industrial del polígono Sepes de Tarazona, ante el inminente peligro de desalojo de tres empresas ubicadas en unos terrenos, que son propiedad de una vecina del municipio, según reconoce una sentencia judicial.
Concretamente, Bandrés mantuvo una reunión el pasado miércoles con los responsables de dos de las firmas implicadas (Aragonesa de Componentes Pasivos y Componentes y Manipulados Tarazona --gestionada por Disminuídos Físicos de Aragón--), con las que se comprometió, junto con el Ayuntamiento de Tarazona, a mediar ante el Sepes, a fin de encontrar una solución al problema.
Fuentes del Departamento de Economía subrayaron que el Ejecutivo aragonés "no se puede permitir que se pierdan empresas ni empleos" en la zona. En este caso, el número de trabajadores afectados asciende a 130. Además, el juez de Tarazona decretó la paralización de la segunda fase del polígono, lo que "perjudica la instalación de nuevas empresas".
El gerente de Aragonesa de Componentes Pasivos, Ernesto Giménez, se mostró "sorprendido" por la reunión, ya que "entregamos la documentación a la DGA hace un mes". Pese a ello, consideró positivo "todo aquello que vaya encaminado a resolver el problema".
La alcaldesa de Tarazona, Ana Cristina Vera, remitió recientemente una carta al Sepes para transmitirle "de forma oficial y por escrito" la preocupación existente.
