El Gobierno de Aragón mostró ayer su preocupación por el efecto que puede tener en el sector del carbón la reducción de derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2) que recoge, para las centrales de la comunidad, la propuesta de reparto individual de emisiones que presentaron los Ministerios de Industria y Medio Ambiente el pasado viernes. El consejero de Industria, Turismo y Comercio del Ejecutivo autonómico, Arturo Aliaga, incidió en que se está trabajando para lograr que los derechos asignados al sector termoeléctrico aragonés alcancen los 8,05 millones de toneladas anuales que se solicitaron, frente a los 5,65 millones que se permiten para el 2005.

A la hora de explicar el volumen de derechos solicitado por el Gobierno de Aragón, de cara a cumplir con las estipulaciones del protocolo de Kioto, Aliaga señaló que los 8,05 millones de toneladas eran el resultado de aplicar una disminución del 6,4% a las emisiones actuales de las tres compañías afectadas (las centrales de Andorra, Escucha y Escatrón). "Consideramos que se trata de una cifra que permite asegurar la competitividad del sector", apuntó el consejero, que incidió en el castigo que se le da al carbón con la cuota asignada. En este sentido, recalcó los importantes procesos de reconversión tecnológica realizados por las térmicas en los últimos años para alargar su vida útil.

"Llevamos mucho tiempo trabajando en la defensa de la industria y de las centrales térmicas aragonesas", manifestó Aliaga. Así, el consejero subrayó la relevancia que tiene la minería y la producción eléctrica a partir del carbón en la comunidad, puesto que da empleo a unas 4.000 personas y aporta unos 230 millones de euros de valor añadido bruto (VAB). Asimismo, subrayó que Aragón era una de las regiones con menos emisiones. De acuerdo con la evolución de los últimos años, mientras que a nivel nacional habían experimentado un incremento del 39%, en la comunidad han crecido el 23%. También recordó que el 45% de la electricidad que se genera en Aragón se exporta a otras regiones. "Hechos que deberían tenerse en cuenta", apostilló.

"La reducción de los niveles de emisión va a obligar a las centrales a comprar derechos. Esto va a repercutir en los costes de estas empresas y en su actividad industrial", añadió el consejero. Aliaga comentó que el lunes ya trasladó al secretario general de Energía su preocupación por el futuro del carbón en la comunidad, al tiempo que recalcó que también se mantienen contactos con el ministro de Industria, José Montilla, de cara a buscar una solución.

Por su parte, UGT ha solicitado al Gobierno de Aragón la convocatoria urgente de la Mesa de la Minería antes del próximo viernes, ante la gravedad de las últimas informaciones aparecidas sobre la reducción de emisiones de CO2 y del consumo del carbón que se plantea. Frente a la hipotética pérdida de empleos, "en una zona ya de por sí castigada por el paro", el sindicato ha urgido esta reunión "para que se estudie el impacto de esta determinación".