El Gobierno ha enviado al Parlamento un proyecto de ley para que las empresas y las administraciones públicas paguen a sus proveedores en un plazo máximo de 30 días, si no media otro acuerdo entre las partes.
Se trata de una norma que traspone una directiva comunitaria del 2002 que el PP nunca llegó a incorporar al derecho español a pesar de que los plazos medios de pago en el país alcanzan los 68 días y superan los 120 días en el caso de la administraciones públicas.
La nueva normativa establece que, transcurridos los 30 días, el deudor deberá abonar automáticamente intereses (siete puntos por encima del tipo básico fijado por el Banco Central Europeo). El acreedor también tendrá derecho a reclamar una indemnización hasta un total del 15% de la cuantía de la deuda. El deudor no podrá imponer cláusulas abusivas de pago en sus contratos o tipos de interés inferiores a los que fija la ley.
El proyecto que contempla el Gobierno incluye una disposición final que alarga el plazo de pago hasta 60 días en el caso de los productos alimentarios de gran consumo y aquellos que no tienen la consideración de frescos o perecederos.
