El anuncio del plan industrial de Endesa para el periodo 2014-2016, anunciado por la compañía energética hace un mes y que prevé inversiones por valor de 2.500 millones de euros en España, ha añadido aún más incertidumbre al futuro de la central térmica de Andorra. El documento explica que unos 1.100 euros se destinarán a generación, donde se incluye a las centrales de Almería y As Pontes (La Coruña), que queman carbón de importación, pero deja fuera a la turolense y a la de Ponferrada, que trabajan con mineral nacional. La falta de una decisión clara respecto a la instalación aragonesa ha provocado indignación en sus trabajadores, cuyo comité de empresa lleva meses trabajando para recabar apoyo social, político e institucional que haga cambiar de opinión a la eléctrica porque "esta actividad supone el 80% de la economía de la zona".

Endesa comunicó el pasado mes de febrero su intención de que la térmica de Andorra se acogiera a un programa de 17.500 horas de funcionamiento, de acuerdo al Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión, lo que supone mantener una producción mínima. Esto condena a la central aragonesa al cierre cuando ese plazo termine o, como muy tarde, en el 2023.

La compañía presidida por Borja Prado tiene de plazo hasta el 31 de octubre del próximo año para cambiar de opinión, pero para eso debería recibir una inversión de 230 millones de euros necesaria para adaptarla a la normativa medioambiental. En este sentido, fuentes sindicales destacan que Endesa acaba de repartir más de 14.500 millones de euros en dividendos a sus accionistas, por lo que si no invierte en Andorra es "porque no quiere". Otra preocupación reside en la premura de los plazos, ya que en el caso de que decidiera hacerlo, la central debería estar transformada en un tiempo récord.

ENTRE 800 Y 1.000 EMPLEOS Para el comité de empresa, la central y las minas son de "especial trascendencia, ya que el futuro de nuestros pueblos y comarcas dependen de la inversión de Endesa". Según las mismas fuentes, el complejo minero-eléctrico supone entre 800 y 1.000 empleos, a los que hay que añadir los puestos de trabajo indirectos. Por eso, exigen a la dirección de la compañía la realización de las inversiones necesarias en esta central para garantizar la continuidad de la planta. Al respecto, el comité inició en septiembre una recogida de firmas con el objetivo de presionar a Endesa y convencerla de que su decisión "no es la más adecuada para el futuro de este territorio".

El comité de empresa de la central térmica, junto con los de las empresas afectadas por esta situación, han convocado una rueda de prensa el lunes para informar de la situación.