Sorpresa para empezar en el juicio por la salida a bolsa de Bankia. En la primera sesión, la Fiscalía Anticorrupción anunció ayer que no descarta ampliar su acusación cuando acabe la vista oral en junio. De confirmarse, supondría probablemente que aumentase tanto los cinco años de prisión que ha pedido para el expresidente de la entidad Rodrigo Rato como el número de acusados para los que solicita condena, hasta ahora solo cuatro (también el exvicepresidente José Luis Olivas, el exconsejero ejecutivo José Manuel Fernández Norniella y el exconsejero delegado Francisco Verdú) de los 34 que se sientan en el banquillo.
En su momento, el Ministerio Público acusó solo a esos cuatro exdirectivos de un delito de fraude a los inversores por la «deficiente e incompleta» información del folleto de la salida a bolsa. En cambio, las acusaciones populares y particulares siguieron al juez instructor Fernando Andreu, quien propuso también juzgar por un delito de falsedad en las cuentas de la entidad del 2010 y el 2011 a los cuatro exdirectivos, a otros 26 exaltos cargos, a Bankia y su matriz BFA, al auditor externo Francisco Celma, y a la firma a la que pertenece este, Deloitte (esta solo por responsabilidad civil, no penal).
ERRÓNEA INDEFENSIÓN
La fiscala Carmen Launa reiteró que sus cuatro acusados «ocultaron el estado real» de la entidad de forma «consciente» en el documento de la salida a bolsa. Pero fue más lejos para «evitar erróneas alegaciones de indefensión» del resto de acusados. Según explicó, la Fiscalía no entendió en su momento que el «cúmulo de irregularidades contables» del banco tuviera «entidad suficiente» para constituir un delito de falsedad contable.
Pero posteriormente, argumentó, el Tribunal Supremo determinó que la mera formulación de las cuentas, no su aprobación definitiva, es suficiente para dicho delito. Las cuentas de Bankia del 2011 fueron aprobadas en un primer momento por el consejo presidido por Rodrigo Rato (295 millones de beneficio), pero la negativa del auditor a firmarlas provocó la intervención de la entidad y su reelaboración y aprobación definitiva por el nuevo equipo gestor de José Ignacio Goirigolzarri (2.979 millones de pérdidas).
NUEVA INFORMACIÓN
Adicionalmente, esgrimió Launa, es necesario valorar nuevas pruebas, como un reciente informe de Antonio Busquets, uno de los inspectores del Banco de España que actuaron como peritos del juez instructor, sobre el impacto que debería haber tenido en las cuentas de la salida a bolsa una reclamación de la aseguradora Aviva contra Bankia (llegó a pedir una indemnización de 944 millones de euros). También pidió incorporar al juicio varios documentos sobre la situación de la inmobiliaria de Bancaja (una de las entidades que se fusionaron posteriormente en Bankia, ya que a su juicio «ocultaba gran parte de los deterioros» del balance), sobre la situación de las siete cajas antes de la integración, y también sobre su participada el Banco de Valencia.
La posición de la Fiscalía complicó la situación a los acusados que pidieron la aplicación de la llamada doctrina Botín, que impide juzgar a alguien cuando no le acusan ni el Ministerio Público ni las acusaciones particulares. Para ello, plantearon la deslegitimación de estas últimas, pero el posible cambio de posición de la fiscala les haya restado a partir de ahora fuerza.
