La mayor parte de las ayudas públicas previstas para bonificar a las empresas que formen a sus trabajadores han quedado sin utilizar este año. El Ministerio de Trabajo prevé que la nueva Forcem acabe el 2004 con un gasto máximo de unos 250 millones de euros en bonificaciones directas a la Seguridad Social, según informó a los sindicatos CCOO y UGT y a las patronales CEOE y CEPYME en una reunión celebrada el pasado día 4.
El anterior Gobierno del Partido Popular puso a disposición de las empresas 701,4 millones de euros en descuentos en las cotizaciones a la Seguridad Social por ofrecer cursos de reciclaje para sus empleados.
El Ministerio de Trabajo estudia qué hacer con el excedente, según varias fuentes consultadas. El problema estará sobre la mesa en la reunión que mantendrán el próximo miércoles responsables del ministerio con los directores de empleo de las comunidades autónomas.
TRASPASO A LAS AUTONOMIAS Una de las posibilidades es aumentar la transferencia de recursos económicos gestionados por las comunidades, que ya han recibido 135 millones de euros aprobados por el Ejecutivo en septiembre a la vista del escaso uso de los fondos. Las autonomías tienen en marcha convocatorias pú- blicas para adjudicar esas ayudas de formación.
Esta decisión supuso recurrir al esquema del viejo sistema, basado en las asignaciones de subvención, aunque con gestión territorial en lugar de los descuentos en las cotizaciones que pagan las empresas a la Seguridad Social.
Otra posibilidad es incrementar la financiación de cursos sectoriales organizados por los sindicatos y las patronales. Una parte de los fondos sin utilizar se transferirán al presupuesto de formación continua del 2005, según indicaron las mismas fuentes.
El Ministerio de Trabajo se limitó a indicar que se trata de datos provisionales y no cerrados que posiblemente variarán hasta finales de este año.
La nueva Forcem fue la respuesta del ministro Eduardo Zaplana a las reclamaciones de transferencia de fondos de Cataluña y Galicia, que tenían el aval de varias sentencias del Tribunal Constitucional. El gabinete de Zaplana estimó que más de dos millones de trabajadores en activo podrían recibir formación gracias a un sistema que "ofrece a las empresas seguridad jurídica y transparencia sobre las ayudas públicas", según la información facilitada a principio de este año.
La orden firmada por Zaplana sostenía que "la menor burocracia y la mayor sencillez del nuevo modelo serán instrumentos fundamentales para que las ayudas de formación continua se extiendan al mayor número de empresas, y muy especialmente a las pymes".
Se pretendía acabar con la desigualdad que supone que el 74% de las empresas de más de 1.000 trabajadores ofrezcan formación frente al 5% de las que tienen hasta cinco empleados.
La realidad ha sido diferente. "Es un sistema demasiado complejo que sólo beneficia a las grandes empresas, con lo que las pequeñas y medianas quedan excluidas", explicó un dirigente sindical que llamó la atención sobre la necesidad de mejorar la formación continua.
De nada ha servido el trato preferencial que da el nuevo sistema a las empresas más pequeñas. Las compañías que tienen un máximo de cinco empleados disponen de un crédito de formación de 350 euros. Las bonificaciones oscilan entre el 90% para las empresas de un máximo de nueve trabajadores y el 42,5% para las que tienen una plantilla superior a los 250 empleados.
