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Tercera edad

Las nuevas pensiones envejecen hacia la paridad

La brecha salarial entre los nuevos jubilados se reduce cinco puntos en los últimos cuatro años, aunque persiste por encima del 22%

 

Protesta de pensionistas alemanes ante la Puerta de Brandeburgo. - REUTERS / FABRIZIO BENSCH

GABRIEL UBIETO
28/03/2019

La progresiva reducción de la brecha de género dentro del mercado laboral se va trasladando progresivamente a la tercera edad. Cada nueva hornada de pensionistas que se retira deja al colectivo en condiciones de mayor paridad entre hombres y mujeres, si bien, al igual que entre la población ocupada, la igualdad todavía queda lejos. En los últimos cuatro años las diferencias entre la nueva pensión que pasa a cobrar una mujer recién jubilada y la que pasa a cobrar un hombre se han reducido en 5,1 puntos. En el 2013 ellos percibían 1.428 euros y ellas 1.038 euros -brecha del 27,3%- y en el 2017 ellos cobraban 1.445 euros y ellas 1.125 euros -brecha del 22,1%-, tal como revela un reciente informe de CCOO "Observatorio social de las personas mayores".

El Secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, lanzó a principios de marzo la predicción de que en España la paridad llegaría en el 2035. A día de hoy, hay más paridad entre los nuevos pensionistas que entre la media de trabajadores en activo, pues, según los últimos datos, en el 2017 la brecha salarial era del 22,3%. Y dicha igualdad cada vez adquiere mayor relevancia en el conjunto de la sociedad, pues las pensiones cada vez tienen más peso en la economía de los hogares. En marzo el gasto en pensiones registró un nuevo récord, aumentando el 7% hasta los 9.576,4 millones de euros. Y según el informe de CCOO, en el 2017 esos millones representaban para el 35,1% de las familias su principal fuente de ingresos. En el 2007, dicho porcentaje era del 30%.

El gasto en pensiones, según las previsiones demográficas de CCOO, no puede dejar de ir a más. El 2018 cerró con 3,1 millones de personas menos en España de 15 a 39 años que en el 2008, por 1,8 millones de 50 a 64 años y 1,4 millones de más de 65 años. La previsión para el 2031 es que uno de cada cuatro españoles tenga más de 65 años. En el 2061 la proporción se estima en uno de cada tres.

No hace falta extenderse en el tiempo para llegar a tales ratios, únicamente desplazarse en el territorio. Actualmente, en la provincia de Ourense uno de cada tres habitantes está en edad de jubilarse. Galicia es una autonomía especialmente envejecida, con tres de sus cuatro provincias en el top 10 de más ancianas, ya que en Lugo los mayores de 65 años representan el 28,9% y en A Coruña son el 24,3%.

NUEVAS PRIORIDADES

CCOO considera dichos cambios demográficos pueden y deben ser una oportunidad para reconvertir determinados campos de la economía. "No solo se nos debe ver como un gasto, sino como generadores de empleo", ha afirmado el secretario general de la Federación de Pensionistas y Jubilados del sindicato, Julián Gutiérrez.

Uno de ellos es la oferta disponible de plazas en residencias para personas mayores. Según los últimos datos disponibles del IMSERSO, en el 2017 había un total de 366.260 plazas residenciales disponibles, para una población de mayores de 65 años de 8,9 millones. Ello deja un ratio de 24,3 ancianos por plaza residencial, algo mejor que el 26,3 que había una década antes. No obstante, la preponderancia de la oferta privada sobre la pública es clara, con casi 90 ancianos por cada plaza pública, frente a 33 en el caso de las privadas.

El precio de una plaza pública, según recoge el informe de CCOO en base a los últimos datos disponibles del 2015, asciende a 16.000 euros anuales, de los cuales el usuario debe abonar 7.040 euros. Cada comunidad autónoma tiene competencias para marcar un precio diferente y bonificarlo en mayor o menor medida. En ese sentido, los vecinos de Castilla-La Mancha fueron en el 2015 los que precios más asequibles tuvieron, habiendo de abonar 5.482 euros anuales por su plaza. Catalunya se encuentraba ligeramente por debajo de la media en precio, con 6,359 euros, y los más damnificados eran los castellanoleoneses, ya que tenían que pagar por una plaza pública 12.612 euros al año.