El municipio catalán de Santa Eugènia de Berga (Osona) ha denegado tres de los cinco permisos de obra que la empresa cárnica Grupo Jorge había solicitado para reformar su planta de Le Porc Gourmet, según confirmó a este diario su alcaldesa, Anna Franquesa. Dicho rechazo pone en riesgo el compromiso de la empresa de contratar directamente a 1.600 personas, que hasta ahora trabajaban subcontratados en las dos plantas que tiene el grupo aragonés en Cataluña. Poder realizar las reformas fue una de las condiciones que el Grupo Jorge puso para cerrar un acuerdo. «No entendemos que el cumplimiento de la ley deba subordinarse a ninguna negociación. Tres de los proyectos presentados por la empresa no cumplen con las normativas municipales y no podemos autorizarlos», afirmó la alcaldesa de Santa Eugènia.
La empresa, que declinó hacer declaraciones, argumentó al inicio del conflicto que precisaba efectuar las reformas en su planta de Santa Eugènia de Berga para aumentar su productividad y asumir los costes añadidos que le suponía contratar directamente a estos 1.600 trabajadores.
Una plataforma integrada por trabajadores de varias cooperativas que ejercen su profesión como autónomos dentro de las plantas del Grupo Jorge, entre otras empresas, denunciaron el pasado 1 de agosto, fecha en la que entraba en vigor el compromiso, que los trabajadores que dejaron de prestar sus servicios tras las protestas laborales no habían sido readmitidos.
Por su parte, el secretario general del Departamento de Trabajo de la Generalitat catalana, Josep Ginesta, afirmó que no tenían constancia de incumplimiento alguno de los compromisos firmados y que, de denunciarse por alguna de las partes, Trabajo «utilizaría todos sus instrumentos», citando a la Inspección, con tal de hacerlos cumplir.
El compromiso por escrito de la empresa se firmó tras mes y medio de reuniones y de mediaciones de la Generalitat. con el sindicato CCOO. UGT, presente hasta la última semana de las negociaciones, decidió levantarse de las mismas al considerar que no era lícito que el Grupo Jorge condicionara la contratación de las 1.600 personas a recibir los permisos de obra. El conflicto se hizo público en junio, cuando el Grupo Jorge anunció que valoraba deslocalizar sus dos plantas de Cataluña.
