Tres representantes del consejo de administración y uno de la comisión de control de Caja Inmaculada (CAI) eran nombrados por las Cortes de Aragón. La representación política en la entidad estaba reforzada por los ayuntamientos, que nombraban a otros tantos miembros. A pesar de este protagonismo, la mayoría parlamentaria de PP y PAR, que sustenta el Gobierno de Rudi, ha impedido hasta ahora la creación de una comisión de investigación sobre la gestión de la centenaria caja, que desaparecerá este año de facto como entidad financiera al quedar diluida en Ibercaja, junto a sus socios en el grupo Caja3 (Caja Badajoz y Caja Círculo de Burgos). Ambos partidos argumentan que no quieren interferir en la querella presentada por CAI contra su exdirector, Tomás García Montés.

Las fuerzas de la oposición, PSOE, CHA e IU, llevan cerca de un año reclamando cada dos semanas la creación de este órgano de investigación en cada reunión de la Mesa y Junta de Portavoces de las Cortes, pero populares y aragonesistas han cerrado en falso todas las intentonas. En este tiempo, se han replicado las posiciones del pleno del 8 de febrero del 2013, en la que el centro-derecha ya rechazó investigar el agujero inmobiliario de CAI, tal y como proponía IU. Socialistas y nacionalistas sí respaldaron la moción, que se debatió en pleno conflicto laboral por el ERE de 592 despidos en Caja3.

IMPUTACIÓN Y FUSIÓN Mucho ha llovido desde entonces. En el plano operativo, la absorción de CAI-Caja3 por parte de Ibercaja está ya la recta final. Y en el judicial, a mediados del 2013 fueron imputados García Montes y otros dos exdirectivos por delitos de estafa, apropiación indebida y administración desleal.

Estos movimientos han hecho variar el argumentario de PP y PAR. Si en un principio cimentaron su negativa en la falta de competencias de las Cortes o en el perjuicio que se podía causar al proceso de integración en Ibercaja --por entonces sin cerrar--, ahora dicen no querer interferir en el proceso judicial abierto por la entidad contra tres exdirectivos.

"El criterio que seguimos PP y PAR es que las comisiones de investigación no afecten a cuestiones sub iúdice (pendiente de resolución judicial)", señalaron desde el partido de José Ángel Biel. En la misma línea se pronunció el PP: "Nuestra posición no ha cambiado. El tema está en manos de los jueces". Este planteamiento se contradice, sin embargo, con el mostrado por ambos partidos en el caso Plaza, que apoyan que se investigue en las Cortes pese a estar también inmerso en un proceso judicial.

La posición del PP contrasta además con la de los populares de Extremadura, impulsores de la comisión de investigación sobre Caja3 llevada a cabo en el parlamento de esa región. Otras cuatros cámaras autonómicas (Cataluña, Valencia y Galicia) han escudriñado la gestión de sus cajas de ahorros.

Los grupos de la oposición están ahora más convencidos si cabe de la conveniencia de esta investigación, a la luz de las informaciones publicadas por este diario. "Pretendemos que se esclarezcan unos hechos que son graves y que es necesario que afloren", opinó el diputado de IU Luis Ángel Romero.

"Estamos en una época que exige la maxima transparencia, los ciudadanos están escandalizados y ante la menor duda, es imprescindible una comisión de investigación sin prejuzgar los resultados", abogó Javier Sada, portavoz del PSOE. "Tenemos la obligación de velar por que la entidad haya funcionado de manera legal y transparente, porque hay unas responsabilidades muy concretas", apuntó el José Luis Soro, el portavoz de CHA.