Partidos de todas las ideologías, particulares e instituciones han apretado el acelerador y han emprendido una carrera ante Hacienda y los tribunales para que se investigue el uso irregular de las llamadas tarjetas negras por parte de 86 directivos de Caja Madrid, también afiliados o simpatizantes de las formaciones y sindicatos que han abierto investigaciones internas, pese a que la auditoria interna de Bankia sobre estos hechos lleva fecha del pasado 16 de junio y fue entregada al Fondo de reestructuración y ordenación bancaria (FROB) diez días después.
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, tomará medidas cuando Anticorrupción le presente sus conclusiones, aunque no descartó que se investigue a todas las cajas de ahorro nacionalizadas, ocho en total, por lo que quedarían fuera la Caixa e Ibercaja.
La fiscalía anticorrupción pidió al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que investigue a los directivos y consejeros beneficiados por estas tarjetas no declaradas, aunque el grupo ultraconservador Manos Limpias prefirió eludir la acción de este magistrado, al que no considera imparcial, y presentó su denuncia en un juzgado de guardia.
NUEVAS DIMISIONES
Ayer se conocieron nuevas dimisiones, la del gerente del PP de Madrid Bertrán Gutiérrez Moliner, que el jueves pasado ya fue destituido por la alcaldesa Ana Botella tras conocerse que gastó 58.000 euros, y el de Fernando Serrano, vocal del Tribunal Económico-Administrativo de la Comunidad de Madrid, que gastó un total de 78.700 euros. Este último fue calificado de "hijo de puta" por Esperanza Aguirre, cuando era presidenta autonómica, en pleno conflicto en el seno del PP madrileño por el control de Caja Madrid.
Otro exconsejero Juan Astorqui, que fue jefe de comunicación de Miguel Blesa, fue destituido como vicepresidente de la consultora Burson-Marsteller, donde trabajaba ahora, tras conocerse que se gastó 293.00 euros en la antigua caja.
Por el contrario, la federación de servicios de UGT tiene dudas de que su representante en el consejo de Caja Madrid, Rafael Torres, que gastó 82.300 euros, deba dejar el sindicato. Tras comprobar los movimientos de su tarjeta, esta federación asegura que Torres no usó la tarjeta con fines personales sino sindicales, ya que ingresaba todas sus dietas al sindicato, tal y como establecen los estatutos.
El afán de los políticos por esclaracer cuanto antes este escándalo lleva a la duplicidad de actuaciones. Casi al mismo tiempo que el secretario de organización del PSOE, César Luena, denunciara el caso ante la Agencia Tributaria, este organismo anunció que investigaría a cada uno de los beneficiarios, después de haber puesto el foco en todas las grandes empresas.
EXPULSIÓN EN EL PSOE
La denuncia socialista se dirige incluso contra los 16 militantes de este partido que se beneficiaron de la tarjetas a los que les espera la expulsión, según se desprende de las palabras del número dos socialista.
Aunque no se ha cerrado aún la investigación interna, Luena adelantó su final. "Que devuelvan el dinero y demuestren que no cometieron infracción tributaria", dijo Luena, ya que hacer uso de esa tarjeta "no casa con ser militante socialista". El secretario de organización del PSOE advirtió que se aplicarán los estatutos del partido y por tanto, los afectados podrán ser expulsados. Izquierda Unida abrirá también una investigación para asumir responsabilidades.
Desde las filas del PP, el presidente de Madrid Ignacio González confió en que la investigación judicial "no se eternice en el tiempo", porque los ciudadanos quieren que se produzcan "reacciones rápidas". Los ceses y dimisiones en su partido no suponen "ningún tipo de presunción de culpabilidad, todo lo contrario", según dijo González.
LOS EMPRESARIOS
Arturo Fernández, presidente de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), y los directivos de la organización patronal Miguel Corsini y Javier López Madrid devolvieron ayer un total de 118.500 euros que habían gastado con las tarjetas de crédito entregadas por Caja Madrid cuando eran consejeros de la entidad financiera.
Fernández reintegró hasta 37.000 euros, montante que destinó "a comidas y gasolina" cuando todavía era consejero y aseguró que no sacó dinero en efectivo de un cajero. En declaraciones a Efe el presidente de los empresarios madrileños subrayó que "no era consciente" del uso irregular de esa tarjeta y apeló a la lógica cuando se habla de una tarjeta opaca: "Cuando se pide el DNI y se refleja en todos los sitios, es un poco difícil que sea opaca", manifestó.
