Una máquina comenzó a demoler ayer un pedazo de la historia industrial de Aragón. Tras más de 40 años en la carretera de Logroño, Pikolín concluirá a finales de junio su traslado a Plaza, dejando el terreno libre para que las excavadoras hagan su trabajo. El derribo, que supone el pistoletazo de salida de Torre Village, empezó ayer por la antigua nave espumadora y continuará con el resto de las instalaciones hasta principios de julio. Será entonces cuando los únicos 200 trabajadores que aún quedan en la planta (los de oficinas) se muden a la nueva fábrica de Plaza, donde ya trabajan cada día cerca de 500 personas.

Eso sí, tal y como aseguró ayer el presidente de Pikolín, Alfonso Soláns, en un acto cargado de emotividad, la torre se mantendrá intacta. «Se ha convertido en un icono y queremos que sea el símbolo del centro comercial», señaló Soláns en el acto celebrado en la antigua nave de confección y acolchado, que ayer se llenó de «emoción y nostalgia». «Es un día entrañable para nosotros, porque hemos estado aquí muchos años», destacó el presidente de Pikolín, que agradeció la asistencia a todos los presentes.

Políticos como Arturo Aliaga (PAR), dirigentes empresariales como Fernando Callizo y Manuel Teruel, y representantes de todos los grupos municipales salvo de Zaragoza en Común y de CHA (que se opusieron en su día al proyecto) acudieron al acto.

Soláns también agradeció la presencia de su familia y recordó la memoria de su padre. «Un visionario -dijo- que a los 15 años de instalar su taller de colchones en un local del barrio del Arrabal en 1948 decidió comprar 25.000 metros cuadrados de campos y huertas» en la carretera de Logroño.

Hoy, la compañía casi ha culminado su mudanza a Plaza y deja atrás «un lugar demasiado bueno para una industria», señaló Solans.

Por su parte, la consejera de Economía, Marta Gastón, trasladó el apoyo de la DGA a un proyecto que redundará en beneficio de Aragón y lamentó que algunos valoren más las propuestas que llegan de fuera que cuando son «de casa». Torre Village está a la espera de la concesión por parte de la DGA de la declaración de interés autonómico, lo que permite acortar a la tramitación administrativa del proyecto. El cumplimiento de los plazos dependerá en buena parte de esa declaración.