El Tribunal de Cuentas ha detectado casi dos millones de bajas laborales (1.915.242 exactamente) no controladas entre los meses de octubre del 2010 y diciembre del 2012, que suponen un gasto de 1.185 millones de euros a la Seguridad Social. El dato fue revelado por el presidente de este órgano fiscalizador, Rafael Álvarez de Miranda, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados y representa el 64% del total de procesos de incapacidad transitoria, lo que para el organismo fiscalizador supone un "grave defecto de control interno".

No obstante, Álvarez de Miranda no achacó esta falta de control a los trabajadores, sino a los responsables del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) que no realizaron las inspecciones oportunas, así como a las comunidades autónomas que no facilitaron la información correspondiente para que el cruce de datos informáticos resultara eficaz.

DESCONTROL Según el primer informe realizado por el Tribunal de Cuentas sobre esta materia, el descontrol de las bajas se debe a que "los servicios públicos de salud de varias comunidades autónomas incumplieron su obligación de remitir los partes médicos de confirmación" y a que la base de datos del INSS presentaba "limitaciones y carencias de información" sobre los procesos de incapacidad realizado a cargo de las empresas.

La demora por parte de las autonomías en la prestación a los trabajadores asegurados por las mutuas causó un alargamiento del proceso y que la prestación se incrementara, con el consiguiente "perjuicio económico". Por ello el tribunal recomienda una base de datos centralizada.

Por el contrario, el gasto por incapacidad temporal ha ido bajando. Las obligaciones netas reconocidas por las entidades de la Seguridad Social --INSS, Instituto social de la Marina y Mutuas-- fueron de 6.241 millones en el 2011 y de 5.360 millones en el 2012.

En concreto, en el 2012 las bajas laborales controladas por el INSS descendieron el 31,4% respecto del año anterior debido a la exclusión de los contratos a tiempo parcial.

Por último,Álvarez de Miranda también señaló que el Tribunal lleva más de veinte años ejerciendo una labor crítica con la gestión de las mutuas y ha insistido en que el control de éstas "fue más fiable que el de la Seguridad Social".