Unión, Progreso y Democracia (UPD) ha presentado ante la Fiscalía un escrito para que se abra una investigación tendente a aclarar si en la gestión de la Caja de Ahorros de la Inmaculada (CAI) se produjeron prácticas fraudulentas como las que han ocurrido en el caso de Bankia. La formación política ya anunció hace unos días su intención de instar a la justicia a que averigue si, como ha ocurrido en Bankia, hay otras entidades que han contado con tarjetas opacas o prácticas similares.
Según el coordinador de UPD en Aragón, Carlos Aparicio, "los clientes e impositores de CAI, y los aragoneses en general tienen derecho a saber si con su dinero se incurrió o no en mala praxis, en prácticas de dudosa ética o directamente en actividades punibles judicialmente".
La petición a Fiscalía se produce apenas unos días después de que el parlamento aragonés aprobase por unanimidad un duro dictamen de la comisión de investigación de CAI, en el que se pone de manifiesto la irregular gestión en la entidad a partir del año 2000. Una de las decisiones que se adoptaron fue la de remitir a la fiscalía toda la documentación y los testimonios de los directivos que fueron interrogados durante la comisión, que cifró en 1.400 millones el agujero de la caja.
De esta forma, UPD se suma a la petición de que se produzca una investigación en la CAI, y también insiste en que "debe quedar claro si los partidos políticos y sindicatos presentes en la caja ejercieron el control que tenían asignado".
En un comunicado, UPD subraya que, desde su fundación, esta formación se ha negado a formar parte de los consejos de administración de cajas de ahorros y empresas públicas, ya que considera que los partidos políticos "no deben salir del ámbito de la gestión política".
CAI tiene abierta una causa contra tres exdirectivos. Mientras, el sindicato Asipa anunció la presentación de una querella contra la gestión de la caja.
