Fátima Báñez, ministra de Empleo, ha recordado a los empresarios que rechazan las cotizaciones por la parte del salario en especie que el año pasado la Seguridad Social dejó de ingresar 2.200 millones de euros por el aplazamiento de las cuotas empresariales.
Por su parte, Tomás Burgos, secretario de Estado de Seguridad Social, ha replicado que la recuperación de la economía y la creación de empleo no se basa en los vales de comida, tal y como advirtió ayer la CEOE y CEPYME.
La medida que obliga a que se cotice por las retribuciones no dinerarias como vales de restaurante, aportaciones a planes de empleo de empresa, bonos, pluses en trasporte o guarderías está en vigor desde el pasado diciembre, ha sido contestada por todos los partidos de la oposición, los sindicatos y las patronales.
La asociación española de emisores de vales de comidas y otros servicios (AEVCOS) ha defendido la eficacia de este sistema que cuenta con "todos los controles posibles" y que supone el 17,5% de la facturación del sector de restauración, en el que han sonado las alarmas ante este gravamen.
Según esta asociación la nueva regulación supondría perder en torno al 46% de los 105 millones de comida que se facilitan al año por este sistema, así como unos 10.000 empleos en el sector de hostelería y una bajada de la recaudación del Estado de 100 millones de euros.
Para el responsable de la Seguridad Social la medida es "absolutamente inevitable" si se quiere tener un sistema de protección "sólido".
"Este tipo de prácticas deterioran la protección social. No podemos construir un sistema económico sólido permitiendo que una parte muy importante de las retribuciones de los trabajadores quede exenta de cotización, porque esto supone una falta de transparencia en el sistema y encubre actuaciones que acaban dañando la propia sostenibilidad de la Seguridad Social", ha subrayado Burgos.
En su opinión hay empresas que se han comportado "deslealmente" con estas prácticas que suponen una "cotización a la carta" y que, en todo caso, deberían ser complementarias y no sustituir a la retribución.
"INGENIERÍA RETRIBUTIVA"
"La cotización por un trabajador no puede depender de la capacidad de una empresa para hacer ingeniería retributiva y cuando esto está adquiriendo una dimensión como la actual, que acaba perjudicando a los propios trabajadores y a la propia transparencia del sistema, el Gobierno tiene que actuar", ha insistido Burgos.
Los partidos de la oposición en el Congreso creen que la decisión del Gobierno sólo provocará más paro y nuevas pérdidas salariales para los españoles, y critican que el Ministerio de Empleo no haya negociado con los agentes sociales antes de aprobar esta medida.
Ante de la comparecencia del Bañez ante la comisión de Empleo, todos los portavoces se han hecho eco de la “alarma social” que la medida ha creado y han pedido que el decreto debería tramitarse como proyecto de ley para introducir cambios.
Desde CCOO se aplaude el interés del Gobierno por incrementar los ingresos de la Seguridad Social, pero critica que se tomen decisiones sin consensos ni diálogo con los agentes sociales. Según la memoria económica del decreto la medida supondrá unos 900 millones de euros de ingresos a la Seguridad Social, ha señalado CCOO.
Carlos Bravo, secretario de políticas sociales de este sindicato, advierte de las consecuencias que esta medida, que "incrementa el coste para la empresa en torno al 31%, reduce la cuantía líquida a percibir por los trabajadores en torno al 7%", aunque "no tiene ninguno de los efectos anteriores en las rentas salariales superiores a 43.163,82 euros anuales".
