En España, la guerra de Irak no ha sido un buen negocio para nadie. Ni para los españoles que allí han perdido la vida; ni para el PP, que ha pagado en las urnas su apoyo a la invasión; ni tampoco para las empresas, que se han quedado sin la prometida porción del botín de la posguerra. Un año después de la derrota de Sadam Husein, Estados Unidos sólo ha devuelto a España mediante adjudicaciones el 1% de los 260 millones de euros que donó el Gobierno para la reconstrucción de Irak.
El triunfo electoral del líder socialista José Luis Rodríguez Zapatero ha acarreado, incluso antes de su llegada a la Moncloa, la salida de España del frente belicista, encabezado por Estados Unidos y el Reino Unido. De sobras analizados los efectos políticos del alineamiento de José María Aznar con el presidente de EEUU, George Bush, al cumplirse el primer año de la posguerra llega la hora de hacer balance de las consecuencias económicas que esta entente ha tenido para España, que no han sido especialmente satisfactorias.
EL CONSORCIO Hasta ahora, Soluziona, filial de servicios profesionales e ingeniería de Unión Fenosa, ha sido la primera y única firma española invitada a participar en la reconstrucción de Irak. Esta empresa gallega posee el 24% del consorcio estadounidense CH2Mhill, beneficiario de un contrato del US Army Corps of Engineers por un importe de 1.200 millones de euros para la rehabilitación, construcción y mantenimiento de instalaciones eléctricas en 25 países de Africa y Asia.
Pero CH2Mhill sólo ha obtenido una adjudicación de rango menor en Irak: la reparación de una central hidroeléctrica en la localidad de Haditha, por valor de 10,05 millones de euros. La participación de Soluziona en este negocio asciende a poco más de dos millones.
LA RECOMPENSA ANUNCIADA En el afán por justificar su respaldo a la intervención militar, el Ejecutivo del PP llegó a anunciar que Washington recompensaría a España con adjudicaciones por valor de 6.000 millones de euros (un billón de las antiguas pesetas) en una década, y la mitad de ellos se recibiría durante los dos primeros años. Así se lo adelantó en mayo del 2003 el comisionado del Gobierno para Irak, Fernando Díez Moreno, a dos centenares de empresarios españoles que se mostraban ansiosos por participar en el proceso de reconstrucción de Irak.
Pero las cuentas del secretario de Estado de Defensa jamás llegaron a cuadrar. Para empezar porque, antes de obtener uno solo de esos contratos, España tuvo que ocuparse de recaudar en nombre de Estados Unidos los fondos destinados a sufragar la reconstrucción.
El pasado mes de octubre, Aznar organizó en Madrid la cumbre internacional de donantes, que pese al empeño puesto por el Gobierno se saldó con un estrepitoso fracaso. La colecta resultante entre los 73 países participantes arrojó un saldo total de unos 12.000 millones de euros, una tercera parte de la cifra que reclamaba Washington. España hubo de desembolsar 260 millones.
EL FRENO DE LA VIOLENCIA Pero la marcha de los acontecimientos posteriores a la caída del régimen de Sadam Husein ha hecho estériles todos esos esfuerzos realizados por parte del Gobierno de José María Aznar. Aparte de cobrarse cientos de vidas, la resistencia iraquí a la ocupación extranjera ha frenado el proceso de reconstrucción.
A este primer condicionante, además, se ha sumado el polémico reparto que se ha hecho de los grandes contratos entre empresas próximas a la Administración de Bush. El principal beneficiario de dicho reparto ha sido el grupo Halliburton, vinculado al vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, y acusado de fraude.
