Mañana comenzará el paseo de acusados y testigos por la Audiencia Provincial de Madrid en la vista del caso del espionaje político que supuestamente se organizó en el 2008 en el seno del PP madrileño. Después de tres archivos, el juicio se ha quedado en una mera vista por malversación -por cuanto ese espionaje pudo ser realizado con coches y teléfonos públicos- pero ese es solo su asunto nominal. Los acusados no podrán evitar que en la Audiencia se someta a examen toda una época de hegemonía del PP madrileño marcada por una encarnizada guerra interna. Fue la que libraban hace diez años los partidarios de Esperanza Aguirre, entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, y su oposición en los aledaños del entonces alcalde capitalino, Alberto Ruiz-Gallardón. Mariano Rajoy había perdido las elecciones generales del 2008 ante José Luis Rodríguez Zapatero, y el aguirrismo trataba de aprovechar la ventana.

Según Ramón González Bosch, abogado de dos guardias civiles y un técnico de Seguridad acusados, no hubo espionaje: el exvicepresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González infló el caso en el 2009, con el consentimiento de Esperanza Aguirre, para «desfocalizar» la atención mediática del caso Gürtel, que ya afloraba. Eso dijo ayer a su llegada a la Audiencia, en la primera jornada del juicio.

Con la formación del jurado se abrió ayer la vista. A partir de mañana se animará con las declaraciones de imputados, a partir del viernes con las de los testigos. Está previsto que pasen por la Audiencia Provincial de Madrid Aguirre y quienes hace diez años eran sus manos derecha e izquierda y cuya corrupción provocaría a la postre su dimisión: los exvicepresidentes Ignacio González y Francisco Granados. También declararán los supuestamente espiados: Manuel Cobo, vicealdalde de Madrid con Ruiz Gallardón, y quien fuera vicepresidente segundo autonómico, Alfredo Prada, en días en los que en el PP de Madrid, al decir del abogado, «se tiraban los trastos a la cabeza», y en los que Granados, consejero de Interior, «lo sabía todo y no hizo nada».

No intervendrá la Fiscalía, pues no ve delito. Ejercen las acusaciones particulares el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad (por decisión de la sucesora de Aguirre y también dimitida Cristina Cifuentes) y la exdiputada socialista madrileña Carmen Méndez. Se ha personado como acusación popular el PSOE madrileño. Sergio Gamón, director general de seguridad madrileño en el gobierno Aguirre, se sentará en el banquillo junto a hombres de su confianza: su número dos, Miguel Castaño; los guardias civiles José Oreja, Antonio Coronado y Luis Caro, y el funcionario José Manuel Pinto.