La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha aumentado la presión sobre los municipios catalanes partidarios del referéndum del 1 de octubre. En la querella presentada este jueves contra Neus Lloveras, alcaldesa de Vilanova i la Geltrú y presidente de la Associació de Municipis per la Indepèndencia (AMI), y el de la Associació Catalana de Municipis (ACM) y regidor de Premiá del Mar, Miquel Buch i Moya, se solicita como medida cautelar que se envíe un nuevo oficio a los regidores catalanes. En esta ocasión, la orden pasa por que retiren todos los carteles que promuevan la participación en la consulta o, incluso, el Sí.
En concreto, la querella, presentada por delitos desobediencia, prevaricación y malversación, solicita que se impartan a los regidores "las instrucciones precisas a fin de impedir que se facilite cualquier tipo de recurso personal o material para la celebración del referéndum, y sigularmente, la prohibición de imprimir, colocar o difundir por cualquier medio carteles de fomento de la participación o a favor del Sí, debiendo retirar, en su caso, los que ya se hayan colocado".
La querella se presenta en el tribunal superior catalán, dada la condición de diputada de Lloveras, solicita como medidas cautelares que cese la actividad de las webs municipisindepencia.cat y acm.cat, porque promueven un referéndum ilegal secesionista. Esta medida debe ser adoptada respecto "de cualquier medio de comunicación telemático, red social o web, que realice la misma actividad". Para curarse en salud precisa que si el prestador de servicio de alojamiento de las webs está fuera de España que se requiera a los intermediarios españoles el bloqueo del acceso.
Entre las medidas cautelares se prevé la exigencia de fianza a Lloveras y Buch y, en su caso, "embargo de bienes en la cuantía o por el valor que prudencialmente se fije". Además, se insiste en la instrucción enviada a Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos d'Esquadra para requisen urnas, sobres electorales, manuales para los miembros de las mesas electorales, impresos electorales, carteles de participación y elementos informáticos.
Actos de promoción y organización
La Fiscalía atribuye a los responsables de la AMI y la ACM de haber "realizado actos inequívocos de promoción y organización de esta inconstitucional convocatoria referendaria". Así, señala que "apenas unos minutos después de haber sido aprobados" la ley del referéndum y el decreto de convocatoria desde la cuenta de correo ami@ami.cat se envió una comunicación a todos los alcaldes para promover decretos de la alcaldía en apoyo a la consulta.
El día 10 de septiembre, Lloveras remitió un nuevo correo electrónico a los alcaldes en el que hacía llegar a los alcaldes un informe sobre la Ley del Referéndum del SitxCat (grupo de funcionarios públicos vinculado a la Asamblea Nacional Catalana) para analizar la incidencia que tiene en las administraciones locales, en el que se defendía la legalidad de la consulta. El día 12 en otro email se informaba del comienzo de la campaña electoral y se enviaban los carteles electorales.
"Con estas conductas los querellados, como responsables públicos municipales y máximos responsables de sus respectivas asociaciones han puesto de manifiesto su total desprecio ante los reiterados pronunciamientos del Tribunal Constitucional, y su firme e inequívoca intención de utilizar las plataformas de AMI y AMC para instar de forma decidida y relevante a centenares de alcaldes a fin de que promuevan la organización y celebración de un referéndum a todas luces inconstitucional", afirma el fiscal.
Lo han hecho, prosigue la querella, "dictando las correspondientes resoluciones administrativas abiertamente ilegales, y comprometiendo con ello una pluralidad indeterminada de recursos personales y una cantidad relevante de recursos materilaes, con una clara finalidad delictiva".
Contra la sindicatura electoral
La fiscalía también ha interpuesto una nueva querella contra los miembros de la sindicatura electoral a los que atribuye la comisión de los delitos de usurpación de funciones públicas, desobediencia y malversación. La fiscalía ha decidido actuar de oficio contra los encargados de velar por el desarrollo del referéndum, pese a que el Tribunal Constitucional había dado 48 horas a los querellados para que alegaran antes de decidir si actuaba contra ellos por desobediencia. El alto tribunal podía haber optado por multarles, suspenderles o remitir las actuaciones a la fiscalía, como ya hizo en dos ocasiones contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.
