La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado este viernes 11 años de prisión e inhablitación por el mismo periodo para el exmayor de los Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero, que finalmente ha sido acusado de un delito de rebelión por su presunta participación en el proceso soberanista catalán y en el referéndum unilateral del 1-O. La jueza instructora, Carmen Lamela, solo lo procesó por sedición, al considerar que no se había producido violencia, y pertenencia a organización criminal. En el auto, la magistrada acotó los hechos presuntamente delictivos que van a juicio, pero no impone a las acusaciones los delitos concretos en los que pueden encajarlos.

La fiscalía reclama también 11 años de prisión e inhabilitación por el mismo delito para el que fuera director de la policía autonómica, Pere Soler, y el exsecretario general de la Consejería de Interior, César Puig. Para la intendente Teresa Laplana, cuatro años de prisión por sedición. En su caso, son por los hechos que tuvieron lugar el 20 de septiembre del 2017 durante el registro en la Consejería de Economía y el presunto asedio al que fue sometida la comitiva judicial.

El escrito de acusación sostiene que los acusados durante los meses de septiembre y octubre del 2017 «constituyeron una pieza clave para, dentro del ámbito de sus respectivas competencias», impedir o «dificultar gravemente» el cumplimiento de las órdenes emanadas por los tribunales de justicia «con la finalidad de llevar a cabo el plan secesionista» ideado «conjuntamente» por los máximos responsables del Govern de Carles Puigemont y el Parlament, así como por los líderes de los grupos parlamentarios y asociaciones independentistas.

De esta manera, a medida que las resoluciones judiciales dejaban «patente la inconstitucionalidad del proyecto independentista», el jefe de los Mossos, el director de la policía catalana y el número dos de la Consejería de Interior, «vulnerando su especial obligación de acatar la Constitución», dieron «cobertura efectiva» a las actuaciones de «una parte de la población catalana movilizada desde las instituciones autonómicas». Al entender de la fiscalía, el objetivo era «imponer por la fuerza de la masa derechos de los que carecían y apoyar la efectividad de las normas abiertamente inconstitucionales» .

El escrito de acusación de la fiscalía hace un resumen de la «estrategia» diseñada para conseguir la independencia de Cataluña. «Elemento esencial de la actuación fue la utilización de masas que, con su congregación tumultuaria, lograron impedir la ejecución de resoluciones judiciales» que afectaban a «la organización y posibilitaron la votación el día del referéndum ilegal» del 1-O. La fiscalía subraya que tanto Puig como Soler y Trapero, como mandos superiores de la policía de la Generalitat, se «sumaron al plan secesionista, poniendo a disposición de este a los Mossos», y mantuvieron el 1-O «una actitud pasiva e intencionadamente tolerante con la votación».