Las autonomías aún tardarán algún tiempo en conquistar la ansiada representación directa en Bruselas. Dispuesto a negociar una fórmula de consenso, el Gobierno fijó ayer sus condiciones para autorizar la presencia autonómica en los consejos de ministros de la Unión Europea (UE). En una carta enviada a los presidentes autonómicos, el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, les advierte de que sus consejeros no podrán representar a España en las reuniones de Bruselas si sobre cada punto a debatir no tienen antes una "posición común" y "concertada con el Gobierno".
Tras el cambio de talante y la profusión de buenas palabras, llega la hora de la negociación. Para preparar la reunión técnica de la Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas (CARCE), prevista para la próxima semana, Sevilla reitera en su carta la oferta de que las comunidades pacten el nombre del consejero autonómico en la Representación Permanente (Reper) en Bruselas y participen en más grupos de trabajo comunitarios. Pero pone bastantes más pegas a la presencia directa en los consejos de ministros de la UE.
El ministro exige un consenso previo sobre "tres cuestiones básicas": qué representante autonómico debe integrarse en la delegación española, cómo garantizar que defenderá la postura pactada por todas las comunidades y, con anterioridad, la consecución de un acuerdo entre éstas y el Gobierno. Sevilla añade que, cuando Gobierno y autonomías hayan alcanzado un acuerdo sobre estos tres puntos, aún deberán responder otras dos preguntas: "¿En qué formaciones y a partir de cuándo se podría hacer efectiva la presencia autonómica en el consejo de ministros al máximo nivel?".
DIFICULTADES En su misiva, el ministro alerta de que "este proceso no estará exento de dificultades", y apuesta por una "aplicación gradual de las medidas que se adopten".
