El reforzamiento del vínculo entre Cataluña y el Estado, escenificado el miércoles en la reunión que José Luis Rodríguez Zapatero y Pasqual Maragall celebraron en la Moncloa, empezó a dar sus frutos ayer mismo. La comisión bilateral de cooperación Estado-Generalitat acordó en Madrid la retirada de 13 recursos, cerca del 20% de los conflictos que ambas administraciones tienen pendientes ante el Tribunal Constitucional.

Encabezadas por el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, y el consejero de Relacions Institucionales y Participación, Joan Saura, las delegaciones del Gobierno y la Generalitat reactivaron este órgano de cooperación bilateral que no se reunía desde el 2001. Es decir, que el encuentro era novedoso por sí mismo. Además, la cita estuvo repleta de contenido político.

Justo 24 horas después de la entrevista entre Zapatero y Maragall, ayer Sevilla y Saura solemnizaron el pacto --forjado en las últimas semanas-- de retirar tantos conflictos competenciales como sea posible. De los 72 pleitos pendientes, 12 serán desactivados en breve y otro más se retirará en cuanto el Ejecutivo retoque el decreto impugnado por la Generalitat. Para empezar, la Administración del Estado cancelará cinco litigios del Gobierno del Partido Popular contra iniciativas de la Generalitat, y ésta hará lo propio con ocho normas estatales. Tres de los recursos estatales de próxima retirada afectan al Derecho Civil catalán.

La cuarta impugnación pesaba sobre el decreto de la Generalitat que creaba las comisiones de secretarios judiciales de Cataluña. El quinto pleito que anulará el Gobierno socialista afectaba a la regulación de las oficinas exteriores de la Generalitat.

CONFLICTOS COMPETENCIALES La Generalitat de Cataluña, por su parte, desistirá en ocho conflictos competenciales. Algunos son de menor calado --ayudas a la reindustrialización, distribución de carburantes, evaluación de la calidad de las universidades...--, pero otras atañen a la concesión de 10 licencias de radio digital por parte del Ejecutivo y al uso del catalán en la justicia. Saura se comprometió ayer a retirar este recurso después de que el ministro Sevilla le anunciara que se revisará el decreto impugnado de modo que saber catalán puntúe más para acceder a plazas de fiscales en Cataluña.